Fuerzas Armadas en funciones policiales: ¿Una práctica que las fortalece o debilita?

Fuerzas Armadas en funciones policiales: ¿Una práctica que las fortalece o debilita?

Por: Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

El pasado martes 11 de mayo, fue designado el general de brigada Minoru Matsunaga PN, como
nuevo director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), quien sustituyó al coronel
paracaidista Roberto Acevedo Tejada, FARD -nombrado interinamente-, luego que su anterior
director, general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiou, FARD, pusiera a la disposición su cargo
tras las denuncias de actos de corrupción en esa entidad, en medio de la investigación del Ministerio
Público en la llamada Operación Coral.

Proceso investigativo que también menciona entidades como el Cuerpo Especializado para la
seguridad del Metro (CESMET), entre otros “cuerpos especializados” que, desde mi punto de vista,
son de competencia policial, pero que desde hace un tiempo han sido puestos bajo la tutela de las
FFAA por razones que pretendemos analizar de manera sucinta, y que, a nuestro entender, han
debilitado su rol natural y su esencia como institución defensiva.

Creo que la idea de crear “cuerpos especializados de seguridad para la defensa nacional” en las
FFAA, que son claramente de naturaleza policial, ha sido un error grave, probablemente como
resultado de una incorrecta interpretación de la Constitución de la Republica, específicamente en su
Art 261, el cual cito: Cuerpos de seguridad pública o de defensa. El Congreso Nacional, a solicitud
del Presidente de la República, podrá disponer, cuando así lo requiera el interés nacional, la
formación de cuerpos de seguridad pública o de defensa permanentes con integrantes de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estarán subordinados al ministerio o institución del
ámbito de sus respectivas competencias en virtud de la ley.

En efecto, está muy claro que estos “cuerpos especializados” de las FFAA como CESTUR, adscrito al
Ministerio de Turismo; el CESMET, para la seguridad del Metro; la Comisión Policial y Militar para la
seguridad en carreteras (COMIPOL), adscrita al Ministerio de Obras Públicas; el Cuerpo Especializado
de Control de Combustibles (CECCOM), adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, entre otros,
no son de competencia militar ni tampoco de esos ministerios señalados y, por vía de consecuencia,
ha provocado una “policialización” parcial de las funciones militares que son contrarias a su propia
doctrina, a la vez que desvirtúa la real naturaleza defensiva de estas instituciones. Esto trae como
consecuencia derivada la pérdida del necesario espíritu de cuerpo como elemento de cohesión
interinstitucional y la exposición innecesaria al cáncer de la corrupción.

Por estas razones, creo que en este contexto de vulnerabilidad, es necesario rescatar, reorientar y
proteger a nuestras FFAA, pues su misión tradicional es, como en cualquier país, la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y, en caso necesario, salvaguardar
la Constitución de la República y el orden constitucional.

Hasta el día de hoy, la justificación para la asignación de nuevos roles a las FFAA en la lucha contra la
criminalidad organizada es una asunto muy distinto, pues suelen ser con carácter provisional,
aunque también se sustentan en conceptualizaciones erradas sobre la seguridad nacional.

Es por
esta razón que defensores y críticos de esta sumersión en tareas de seguridad pública han saturado
el debate con argumentos laxos, salvo las experiencias empíricamente obtenida a través de los años
sobre las consecuencias derivadas del intervencionismo militar en temas de alta sensibilidad social,
como el involucramiento y utilización por parte de sectores políticos de militares en actividades y
operaciones netamente del quehacer político partidario, hasta el extremo de ser usadas por el más

alto nivel político para rodear el sagrado Congreso Nacional con propósitos que pudieron vulnerar la
Constitución y la democracia, precisamente dos de las misiones constitucionales de las FFAA.

A pesar de esto, ¿es un desatino la participación de ordinario de militares en funciones de seguridad
ciudadana? Ante el dilema planteado en el título de este análisis, a consonancia de lo expuesto, es
obvio que la participación castrense en el ámbito de la seguridad interna se produce por la
necesidad del Estado de utilizar los recursos disponibles para poder controlar los altos niveles de
criminalidad ante una Policía Nacional que luce desbordada en sus capacidades y que transita por un
período delicado por la falta de confianza en la opinión pública.

Ahora bien, lo que planteo es que, los cuerpos armados pueden ser utilizados tal como consagra la
Carta Magna en sus artículos 262, 263, 264, 265 y 266 relativas a LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN,
siempre con la debida aprobación del Congreso Nacional. La utilización de las fuerzas militares debe
limitarse solo hasta que las circunstancias imperantes así lo requieran; pasado estos supuestos, los
militares deberán retornar a sus cuarteles para la continuación del reforzamiento de su doctrina
militar y entrenamiento de sus competencias.

Por lo tanto, su uso tiene pertinencia en democracia, pero su utilización debe ser articulada bajo
disposiciones claras y precisas, para que el empleo de tropas tenga legitimidad, que su uso sea
correcto, que sea el último recurso, que exista la debida proporcionalidad de medios, que en verdad
sea bajo un ambiente de grave amenaza nacional, evitando de este modo, conceder erróneamente a
las fuerzas militares una supremacía que nos conduzca a la militarización de la seguridad interior,
como ha ocurrido en ocasiones.

Fuerzas de tareas conjuntas:

Es común que se hable de este tipo de operaciones cuando los militares y policías realizan
operaciones de seguridad pública en conjunto, y aunque en realidad esto es contrario a conceptos
de la propia doctrina militar vigente, es distinto, y operacionalmente adaptable para el combate de
multiplicidad de amenazas con acciones de operaciones entre las distintas instituciones o agencias.
Esta práctica ha nacido de la necesidad y la correcta utilización de los recursos disponibles en ciertas
circunstancias, lo que ha permitido descubrir, gracias a “lo conjunto”, que las capacidades de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional pueden ser potencializadas mediante la implementación de
“operaciones interagenciales”, que permiten aumentar su efectividad y eficiencia gracias al efecto
sinérgico de la acción conjunta. En este tipo de operaciones estamos absolutamente de acuerdo.

Finalmente, la postura por la solución militar, como mínimo, resulta discordante, si consideramos
que la tendencia global es la desmilitarización de las administraciones y cuerpos policiales. Es, por
tanto, que se hace imperativo el establecimiento de la diferenciación inobjetable entre las funciones
militares y policiales, para así evitar la desprofesionalización y policialización de las fuerzas armadas,
y a la vez, lograr la anhelada desmilitarización de la Policía Nacional, fortaleciendo el nuevo Plan de
Reforma Policial, su profesionalización en un cambio cultural y tengamos, al fin, la institución policial
que la sociedad demanda y el país necesita.

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