Honduras le respondió a Estados Unidos por su cuestionamiento al proyecto de reforma energética

Honduras le respondió a Estados Unidos por su cuestionamiento al proyecto de reforma energética

Honduras le respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.

Diplomacia desacertada
El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética. «Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza», escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

«Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU», advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. «La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética ​y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora» de energía, escribió Dogu en Twitter.

La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

Ley de 2014: hacia la privatización de la ENEE

La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país. Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores. Mientras que la ENEE mantiene una deuda millonaria con la privada a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales. Además, desde 2017 el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. “Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida”, denunció un trabajador de la estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.

En cuanto a los proyectos de generación de energía, según el portal Contracorriente, la diputada del Partido Salvador Honduras (PSH), Ligia Ramos, integrante de la Comisión de energía en el parlamento recordó que el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron contratos de energía renovable el hemiciclo entonces dirigido por el expresidente Hernández no estaba en funciones. “Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH”, afirmó Ramos, citada por el medio centroamericano. La legisladora hondureña también denunció que el saqueo de la estatal data de 1994. “La han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado”.

Reacción al proyecto de Xiomara Castro

Sin embargo, la revisión de contratos puso en alerta a los principales generadores de energía que incluso amenazaron con un gran corte de suministro tras el envío del proyecto de ley. El secretario de Energía, Erick Tejada, aseguró que la empresa térmica Lufussa amenazó a la ENEE y al gobierno con suspender el suministro de energía. “Vivimos una crisis sin precedentes, no solo en la ENEE, sino que en el país. Doce años donde se enquistó un modelo de corrupción”, aseguró a la televisión pública de Honduras. Tejada también cuestionó que a pesar de que desde marzo de 2021 la empresa estatal le debía alrededor de 800 millones de lempiras a Lufussa recién ahora a 45 días de la administración de Castro la privada arremete con amenazas.

“No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, sentenció el funcionario hondureño. Además, recordó que la renegociación de los contratos con esas empresas es una de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras. “La mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate de la ENEE sin la renegociación de esos contratos”, añadió en referencia a los términos que el gobierno de JOH negoció y que fijaron precios muy por encima de los países de la región centroamericana. Según Tejada, desde 2010 el Estado le ha pagado 2.600 millones de dólares a Lufussa. Por su parte, la privada aseguró que no amenazó a la empresa estatal, y que “simplemente se está notificando que no contamos con los recursos financieros para la compra de combustible que garantice al máximo la producción de energía”.

La demanda energética del país es de unos 1.700 megavatios y el 60 por ciento es generado por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo. A partir de esos contratos con las generadoras privadas (unas veinte empresas) que suplen el 60 por ciento de la demanda energética del país el Estado de Honduras arrastra una deuda de mas de 3 mil millones de dólares. En el proyecto, Castro también da cuenta que desde el golpe de Estado de 2009 las pérdidas aumentaron y sólo en el área de distribución (desde 2016 a cargo de la EEH) incrementaron de 20,8 por ciento a 30,75 por ciento al 31 de diciembre de 2021.

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