Informe de Diputados revela irregularidades y señala a miembros de la Cámara de Cuentas para juicio político
Un informe elaborado por una comisión de diputados que investigó a la Cámara de Cuentas ha revelado una serie de irregularidades. Estas incluyen la protección ilegal de fondos públicos, la usurpación de atribuciones y la falsificación de documentos.
El informe también señala violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos, ejecución presumiblemente deficiente, disputas entre los miembros de la Cámara de Cuentas sobre la distribución, sorteo o balotaje, así como irregularidades en el nombramiento del personal técnico y administrativo, incumplimiento de funciones y evidentes incompetencias.
Los miembros investigados, entre los que se encuentran Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña, serán sometidos a un juicio político según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República.
El artículo 83 establece que es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los funcionarios públicos elegidos por voto popular, así como a aquellos elegidos por el Senado y el Consejo Nacional de la Magistratura por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, se le acusó de rechazar y archivar informes de auditorías de forma ilegal, a pesar de que estos presentaron indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil. Además, se le atribuye un mal desempeño de sus funciones, incluida la elaboración del proyecto de presupuesto para los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada de la propia Cámara de Cuentas.
También se le acusa de comportamiento que ha afectado la administración de la Cámara de Cuentas, lo cual ha provocado una crisis institucional debido a las diferencias que ha mantenido con otros miembros del ente constitucional.
En cuanto a la vicepresidenta del órgano fiscalizador, Elsa María Catano Ramírez, se le acusa de cargos de actas, participación en sesiones ilegales del Pleno, toma de decisiones sobre nombramientos y revocaciones de personal de la institución, y usurpación de funciones del presidente de la Cámara de Cuentas.