Institucionalidad 

Institucionalidad 

 Por el: Lic. Ángel Ramírez 

Como entender, en República Dominicana todavía estemos viviendo síntomas de opresión y maltrato psicológico, y sobre todo, dictadura,  por el solo hecho de tomar decisiones institucionales que favorecen a la sociedad en termino político e Institucional, según lo establecen las Leyes y reglamentos que tienen que ver con todo el proceso de institucionalidad,  en razón, por la forma en que algunos funcionarios electos por el voto popular en las urnas, y otros por decreto presidencial, se dedican a chantajear figuras que están en puesto del poder Judicial y altas Cortes, por su trayectoria profesional, y no por politiquería barata. 

Si bien es cierto que la ley es clara y precisa, no menos cierto, es que algunos sectores prefieren que se violen los procedimientos establecidos por la Constitución y las Leyes de la Republica dominicana, en virtud, en que se deben al debido proceso y procedimientos judiciales, ley 50-00 y 821. 

Si vemos el caso en que un Poder del Estado quiere intervenir sobre una decisión que ha tomado un Tribunal según la Constitución y la Ley, en este caso el Tribunal Superior Electoral; en sus atribuciones expresa en su artículo 214: el TSE, es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentara, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Más claro ni el agua, sus decisiones son en ultima y única instancia; la ley 29-11, del Tribunal Superior Electoral en su artículo 1, numeral 2, sobre sus atribuciones, define su categoría institucional y garantiza su independencia y autonomía; por tanto, el Tribunal Constitucional solo puede conocer en Revisión, en razón de los Derechos Fundamentales, como lo establece la Constitución. 

 También en el numeral 4, establece las normas generales respecto del procedimiento contencioso electoral y toma de decisiones por parte del tribunal; y ni hablar del artículo 3 de la misma ley 29-11, expresa que el Tribunal Superior Electoral, es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden solo ser revisadas, repito, por el Tribunal Constitucional, cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Carta Magna, toda vez, que esta expresa claro sobre el asunto y de otras interpretaciones, se está refiriendo que es sobre Derecho fundamentales, al debido proceso, como lo indica la Constitución y las Leyes. 

Veamos lo que expresa el artículo 184 de la Constitución: habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozara de autonomía administrativa y presupuestaria. Más claro ni el agua, solo tiene competencia sobre el Tribunal Superior Electoral, en Derechos Fundamentales, en revisión, cuando así lo requieran las partes envueltas en un litigo sobre un asunto de falta de ser asistido, oído notificado y representado.  

Miremos sobre las atribuciones de la Cámara de Diputado según el artículo 83 de la Constitución: acusar ante el senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Expresa claro y preciso, que es cuando hay una gran falta en su actuación tanto institucional como administrativa, sobre todo, sino se respeta los trámites burocráticos y no por decisiones de carácter de competencia para conocer y decidir sobre un Recurso presentado por un sector con calidad para actual y demandar. 

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