Inversión en telecomunicaciones lejos de estándares internacionales
Mientras la media per cápita es de $147 por persona, en Ecuador se llega a $27. El sector enfrenta una pesada carga de impuestos y deficiente aplicación de políticas públicas
Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), explicó que Ecuador tiene mucho campo de mejora para lograr dos objetivos claves. Por un lado, la extensión de la cobertura, sobre todo a zonas rurales y, por el otro lado, el aumento del componente de innovación tecnológica y renovación.
Sin embargo, el país tiene una inversión per cápita que está 5 veces por debajo de estándares internacionales. Así, mientras solo destinamos $27 por ecuatoriano para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, incrementar la velocidad de la banda y la digitalización de la economía, el promedio en el resto del mundo llega a $147.
Inclusive países de la región como Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia y Uruguay tienen niveles de desarrollo más altos. Según el Índice de digitalización del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ni siquiera alcanzamos la media regional (42,35 puntos), porque a pesar de las mejoras relativas en los últimos años, apenas llegamos a 35,69 puntos. Ese índice califica seis parámetros: infraestructura digital; capital humano y fuerza de trabajo; políticas públicas y regulación; digitalización del Estado; digitalización de los hogares; y, economía digital
“Las inversiones no se pueden hacer si no hay una verdadera alianza público-privada. Desde el Gobierno debe estar claro cuáles son los elementos de costos y políticas que se pueden modificar para dar el salto”, dijo Méndez.
Mal uso del Fondo de Servicio Universal
Cada año las operadoras deben contribuir con el 1% de sus ingresos para alimentar el llamado Fondo de Servicio Universal. En teoría, los más de $35 millones que se recaudan deberían utilizarse para reinvertir en el sector, con el fin de cumplir con dos objetivos: ampliar la cobertura y ampliar el acceso, a través de subsidios directos a familias de bajos ingresos.
A pesar de que las 7 provincias del país tienen menos de 1% de cobertura, los dineros del fondo no se utilizan para lo que dispone la ley y, en su lugar, se van al presupuesto del Estado para otros fines.
“Los dineros recaudados deben ir para ser inversiones en las regiones en donde no es rentable para las operadoras privadas. Además, mediante una focalización bien dirigida, se debe subsidiar la tarifa para la población más vulnerable”, acotó Méndez.
Una opción, con el objetivo de evitar la discrecionalidad en el sector público, es que se quite la obligatoriedad de contribuir al fondo, pero a cambio de inversión en el desarrollo de infraestructura en ciertas zonas. (JS)