SANTO DOMINGO, RD.- En el tramo final de la campaña política, los partidos que postulan los tres principales candidatos presidenciales atestan a la Junta Central Electoral (JCE) con múltiples denuncias, acusaciones y requerimientos de medidas cautelares.

En medio del montaje de las elecciones extraordinaria del 5 de julio, el pleno de la JCE deberá pronunciarse sobre situaciones que tocan aspectos del narcotráfico y del uso de los recursos del Estado.

El último de los casos lo elevó este miércoles el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que pidió investigar los aportes a la campaña política que hizo al PRM Yamil Abreu Navarro, pedido en extradición bajo cargos de narcotráfico.

En requerimientos depositados vía la secretaría general de la JCE, el PLD además demandó la sustitución como primer vocal de la Junta Electoral de Padre de las Casas, de Lidia Agramonte, esposa de Abreu Navarro.

También que se verifiquen los requisitos legales para optar por la candidatura a senador del candidato Franklin Martín Romero Morillo, representante de la provincia Duarte, porque se vio involucrado en procesos por narcotráfico.

José Dantés Díaz, representante del candidato presidencial oficialista Gonzalo Castillo, hablando en nombre de una comisión del PLD, solicitó que la Unidad Especializada de Control Financiero de la JCE supervise los recursos que Abreu Navarro haya entregado al PRM.

La respuesta del opositor PRM no se hizo esperar y a escasos minutos del PLD depositar la instancia, su delegado político Orlando Jorge Mera, imputó al oficialismo no tener calidad moral para hablar del tema.

Sostuvo que no pueden hablar debido a que es la organización de “Quirino Ernesto Paulino, José Figueroa Agosto y César Emilio Peralta -el Abusador-”.

Jorge Mera precisó que Franklin Romero presentó su certificado de buena conducta expedido por el procurador general de la República.

Manifestó que no tiene conocimiento de que Abreu Navarro haya entregado aportes a la campaña del partido.

El PRM solicitó a la JCE medidas cautelares contra 97 candidatos peledeístas que argumenta son funcionarios del Gobierno.

También depositó una instancia en abril pasado, imputando a los peledeístas violar el toque de queda para realizar actividades políticas. Citó el caso de la empresa Helidosa del candidato presidencial Gonzalo Castillo, a la que acusó de realizar fumigaciones nocturnas, en Puerto Plata y Santiago, así como de distribuir pan.

Además requirió otras sanciones para Castillo, Jacqueline Ortiz, así como el general Ney Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía Nacional y Juan Antigua Javier, director de los Comedores Económicos. Por el reparto de raciones alimenticias.

En el caso de la Fuerza del Pueblo pidió medidas cautelares urgentes contra el candidato presidencial del PLD, por el uso de bienes de origen ilícito para financiar su campaña, mediante la corporación de Helidosa Aviation Group, entre otros.

Mientras los peledeístas depositaron una denuncia contra los perremeístas, entre ellos, su candidata vicepresidencial Raquel Peña y varios candidatos del PRM, por violar las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral al celebrar actividades políticas en los cabildos de Mao y Sánchez.