La sociedad contemporánea y la democracia que la caracterizan tienen como uno de sus fundamentos el concepto de Estado de derecho.

Una de las características fundamentales de este es la vigencia del principio de universalidad de las normas. Es decir, que las leyes son aplicables para todos en igual medida.

Frecuentemente esto contrasta con las expectativas de las personas, que procuran ver en la aplicación de la ley y en la justicia la validación de sus juicios morales.

Como los juicios morales tienen un elemento subjetivo que es ajeno al Estado de derecho, el conflicto es inevitable. En sociedades con poco desarrollo institucional este trance suele resolverse en favor de visiones subjetivas, y no de las objetivas del Estado de derecho. En otras palabras, la aplicación de la ley es desigual y está marcada por las preferencias de quienes tienen más influencia o poder en dichas sociedades.

Eso es caldo de cultivo para las cazas de brujas, que se han producido incluso en países con alto grado de institucionalización, como Estados Unidos. El ejemplo más notorio fueron las persecuciones políticas personificadas por el senador Joseph McCarthy en la década de los cincuenta.

La razón por la que esto es incompatible con el Estado de derecho es porque, en su propósito de brindar seguridad y predictibilidad a la vida en sociedad, este apunta a que lo que hoy es costumbre mañana sea norma. Es por eso por lo que debe evitar hacerse la vista gorda frente a los abusos o torcimientos en la aplicación de la ley, sobre todo cuando vienen amparados por la subjetividad. La arbitrariedad que hoy toca una puerta no tardará en hacerlo en la nuestra.

Así, aunque a algunos les parezca inaceptable, para sostener el Estado de derecho es esencial que se respeten los derechos y garantías de todos.

Eso es ineludible si se pretende aplicar la ley en forma universal e igualitaria. Incluso cuando sus beneficiarios no son de nuestro agrado. Todo lo demás es un alegato en favor del autoritarismo, por mucho que quiera vestirse de virtud.