La Procuraduría enfila sus pinzas hacia figuras del PLD

La Procuraduría enfila sus pinzas hacia figuras del PLD

La Pepca acelera rueda de la justicia contra la corrupción

SANTO DOMINGO, RD.- La cruzada que se planteó el Gobierno de Luis Abina­der, en una forma de gue­rra frontal contra la co­rrupción y cualquier otro rastro o sospecha de irre­gularidades en la gestión pública, está mostrando fuerza de hechos con el desfile continuo de ciuda­danos ante los entes de la investigación vinculados a la Procuraduría General de la República.

Estas acciones, con ca­racterísticas de movimien­to de pinza en una batalla a plena flor contra el flage­lo, quedan evidentes en las citaciones a comparecen­cia simultánea a declarar ante fiscales, que de cami­no aplaca una ola de recla­mos y baja el nivel de an­siedad de la población.

A 81 días hoy de la asunción del nuevo Go­bierno, la Procuraduría Especializada de Perse­cución de la Corrupción Administrativa(Pepca) y la Dirección de Persecución trabajan a toda capacidad con al menos 40 fiscales para los interrogatorios, superando en creces las li­mitaciones extremas que obstruían su desempeño, cuando apenas había 11 en acción.

Con las citaciones a de­clarar ante los entes de investigación, en una variable de corrupción, so­bornos y casos de declara­ciones juradas de bienes, el Ministerio Publico está pro­yectando una idea sobre el curso irreversible de estos procesos.

Los hechos en cadena

Durante estos procesos, los primeros citados para in­terrogatorios fueron el ex­presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Ca­macho, el exasistente per­sonal del expresidente Da­nilo Medina, Robert de la Cruz, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación, sobre los bie­nes presentados en sus de­claraciones juradas.

Les siguieron Lucía Me­dina, quien fue interrogada ahora por segunda ocasión, el senador Félix Bautista, y la ministra de la Juventud Kimberly Taveras Duarte. El pasado jueves, Bautista, senador por la Fuerza del Pueblo, volvió a interroga­torio.

Seis denuncias de pre­suntos actos de corrup­ción han llegado por ante la Pepca desde el pasado 10 de septiembre, de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Guberna­mental.

Los casos más recientes son relativos a la sustrac­ción de discos duros del Plan Social de la Presiden­cia y la investigación en la Dirección de Recursos Hu­manos del Ministerio de Salud Pública, referente a la denuncia sobre ventas de cargos y nombramientos en ese ente.

La primera denuncia de­posita en el Ministerio Pú­blico se produjo el miérco­les 3 de septiembre, sobre la compra de 11, 500 millo­nes de pesos de hormigón asfáltico caliente por el Mi­nisterio de Obras Públicas, previo a las elecciones pri­marias.

El 26 de octubre pasa­do, la Pepca fue apoderada por parte de Contratacio­nes Públicas de tres expe­dientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Institu­to Nacional de Atención In­tegral a la Primera Infancia (INAIPI).

Seis denuncias

Seis denuncias de presun­tos actos de corrupción han llegado por ante la Pepca desde el pasado 10 de sep­tiembre, de parte de la Di­rección General de Com­pras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Guber­namental.

Los discos duros y la venta de cargos

Los casos más reciente son relativos a la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia y la inves­tigación en la Dirección de Recursos Humanos del Mi­nisterio de Salud Pública, re­ferente a la denuncia sobre ventas de cargos y nombra­mientos en ese ente.

La primera denuncia de­positada en el Ministerio Público se produjo el miér­coles 3 de septiembre, so­bre la compra de 11, 500 millones de pesos de hor­migón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Pú­blicas, previo a las eleccio­nes primarias.

El 26 de octubre pasa­do, la Pepca fue apoderada por parte de Contratacio­nes Públicas de tres expe­dientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Institu­to Nacional de Atención In­tegral a la Primera Infancia (INAIPI).

En el caso de los dos ex­pedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en 2016 esa institución incurrió en viola­ciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Com­pras y Contrataciones, a tra­vés de procedimientos de urgencia, de los cuales no se tiene ninguna eviden­cia, y le costaron al Estado RD$208.05 millones.

El segundo de los ex­pedientes tiene que ver con irregularidades en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01, que data desde el 2018, para el su­ministro y distribución de leche a los Centros de Aten­ción Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a escala nacional.

En el tercer expediente se expone que desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia sospecho­sa en los procesos de com­pras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que otorga­ba adjudicaciones millona­rias a compañías que fun­gían como intermediarias.

Declaraciones juradas

Desde el 16 de octubre pa­sado, la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Administra­tiva (Pepca) y la Dirección de Persecución han investi­gado a siete exfuncionarios y funcionarios del gobierno actual en torno a las decla­raciones juradas de patri­monio.

Ayer, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, fue interro­gada por segunda ocasión, esta vez durante cinco ho­ras, por el titular de la Pep­ca, Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Lucía, hermana del ex­presidente Danilo Medi­na, acudió a interrogatorio acompañada de sus abo­gados Luis Rivas y Fidel Pi­chardo Baba.

A su salida, dijo que acu­dió a su citación para dar cumplimiento al requeri­miento del Ministerio Públi­co y está dispuesta a com­parecer cuantas veces sea requerida.

Dos del IDAC destituidos.

Ayer fueron destituidos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Bo­lívar León Paulino y Johán Estrada Pelletier, quienes están incluidos en una de­nuncia ante la Pepca por la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), por posi­bles visos de corrupción al dar la no objeción para fa­cilitar la ejecución del Ae­ropuerto Internacional de Bávaro.

 EXDIRECTOR
Francisco
Pagán Rodríguez

 No quiso hablar.

En otro caso, ayer fue interrogado el exdirec­tor de la Oficina de In­genieros Supervisores de Obras del Estado (OI­SOE), Francisco Pagán Rodríguez, acompañado de su abogado Tiago Ma­rrero Peralta.

A su salida de la Procura­duría, Pagán rehusó ha­blar sobre su citación.

Un dato.

La corrupción adminis­trativa pública es defi­nida como el uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público.

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