La respuesta del Gobierno de Colombia al informe de la ONU sobre el Paro Nacional que revela homicidios a manos de la fuerza pública

El Gobierno de Colombia informó que recibe «con el mayor sentido de responsabilidad» el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Paro Nacional desarrollado entre el 28 de abril y el 31 de julio, que reporta «graves violaciones a los derechos humanos».

Mediante un comunicado, publicado por la Cancillería, el Gobierno colombiano condena, de manera vehemente, «cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales».

«Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación», añade el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el documento, el Gobierno colombiano menciona su «respaldo al derecho a la reunión pacífica» y su «talante dialógico para tramitar las demandas ciudadanas, con enfoque territorial y con especial énfasis en grupos étnicos, mujeres y jóvenes».

«Coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional», añade el texto. 

Las violaciones a los DDHH

En el documento de la ONU, titulado ‘El Paro Nacional 2021: Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’ y elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país suramericano, esta institución señala que recibió información sobre 63 muertes en el contexto de protestas. De ese número, pudo verificar 46 casos, de los cuales 28 serían homicidios a manos de la fuerza pública, 10 habrían sido cometidos por «actores no estatales» y en ocho no se pudieron obtener datos suficientes. 

También se revela que los uniformados habrían usado armas letales «contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas».

Asimismo, describe que en el marco de las protestas se registraron en muchas personas «traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes».

La ONU también reporta que recibió 60 denuncias de agresiones sexuales «presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional», de las cuales 48 se corresponden a mujeres, y pudieron verificar los casos de 16 víctimas.

Al respecto de los atropellos de la fuerza pública, el Gobierno colombiano habla de la «política de cero tolerancia» a estos casos de abuso. Dice que esa política «no es retórica» y «se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas».