La vida no vale nada
«La vida no vale nada, si escucho el grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga», así canta Pablo Milanés. Procuremos que la vida no sean solo dígitos que en el ejercicio político utilicemos para alardear, o tal vez esconder, si la realidad del país no obedece a nuestro discurso.
Nos conmueven cada día casos como el de la joven Anneris Peña Reyes, cuando en plena etapa productiva de su vida, fue asesinada en su lugar de trabajo. Como ella, muchos hemos sido víctimas de la criminalidad, preguntándonos cada día cuánto es el costo de la violencia para el estado y por qué no se implementan políticas públicas reales, eficientes, que permitan encarar esta problemática que se ha llevado tantas vidas durante los últimos años.
En los gobiernos del PLD se han concebido medidas como el Plan Nacional de Seguridad Democrática; la Reforma Institucional de la Policía Nacional; la Implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911; la Creación de la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, entre otros, solo hace falta algo de voluntad para poner freno a este espiral de la muerte.
Las reflexiones sobre este tema, deben conducirnos a revisar en cuáles aspectos hemos fallado de forma reiterada, tanto como sociedad y como gobierno; cuáles factores han incidido,para que en vez de mejorar en el tema de seguridad, nos hayamos convertido en una sociedad cada vez más violenta, en la cual un porcentaje alarmante de los habitantes considera que no tiene garantizado el derecho a la libertad, seguridad e integridad personal que consagra nuestra Ley máxima , en sus artículos 40 y 42.
La vida humana, entendida en términos generales e individuales no tiene precio, y su valor es el más alto que sociedad alguna pueda darse el lujo de malversar, sus costos no se comparan con ningún otro costo material o intangible. Lamentablemente, la historia reciente en nuestros países indica que este principio no es del todo inquebrantable, y su violación, tanto por los perpetradores, como por algunos gobiernos, no siempre constituye una execración social ni legal.
La inseguridad ciudadana es el problema más preocupante para la población, los dominicanos y dominicanas sufrimos un estrés colectivo fruto de la ausencia de políticas públicas que combatan la criminalidad. Revela un boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República, que la delincuencia preocupa al 74.6% de los ciudadanos, seguido del desempleo, con 42.3% y la corrupción, con 26.5%.
En sus párrafos introductorios, los autores destacan el costo humano de la criminalidad, de lo cual, se dice que, “en términos sociales, prima por encima de cualquier consecuencia de carácter económico que pueda generar la inseguridad ciudadana en un país, puesto que el derecho universal a la integridad física va más allá de los cambios en los flujos de la renta, o en la distribución del capital de las sociedades afectadas por este fenómeno” (p: 3).
Es momento de tomar acciones, porque los hechos indican que la vida no vale nada.