Las comunidades afro del departamento más pobre de Colombia se desplazan en masa en medio de fuertes combates de grupos armados
Un nuevo desplazamiento masivo ocurrió en Colombia, luego de que varias familias de dos municipios rurales del departamento del Chocó tuvieran que huir de sus casas ante el recrudecimiento de la violencia causada por los enfrentamientos de grupos armados. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia informó que hace seguimiento de esta «grave situación».
En los municipios rurales Isla de la Cruz y San Miguel, en el mencionado departamento, diez familias tuvieron que huir de sus casas debido a que se han presentado enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control territorial, según un comunicado del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan).
Esta organización social denuncia «la grave situación de violación de los derechos humanos y el riesgo inminente de victimización» que viven actualmente las «comunidades negras» en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Sipí y Novita.
Más de 1.300 afectados
Estos enfrentamientos, que ocurren desde junio, han afectado a 1.309 personas, que han tenido que confinarse en sus casas. De esta cifra, 1.227 se han movilizado a comunidades cercanas para resguardarse. Además, un integrante de la comunidad de Dipurdú resultó herido por una mina antipersona.
La situación también se ha complicado en el Litoral de San Juan, donde hay «un alto riesgo de confinamiento y desplazamiento», según Acadesan, debido al «continuo avance de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacia zonas con presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)».
En el documento también se denuncia que aún no hay «resultados efectivos» de la Fuerza Pública para «contrarrestar el avance» de estos grupos armados ilegales y otros que pudieran incursionar en esos territorios. Del mismo modo, se afirma que la atención por parte del Estado ha sido «tardía» e «insuficiente» por lo se requiere «desplegar urgentemente acciones de ayuda humanitaria» y «medidas contundentes» para atender a las comunidades afectadas.
Finalmente, el consejo comunitario se refiere a la necesidad de implementar «de forma integral» el Acuerdo de Paz establecido entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); de reconocer a las comunidades como un «actor comunitario étnico no armado» y de cumplir con las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana emitida el pasado 20 de agosto donde se hablaba del «riesgo de desplazamiento forzado».
Preocupación por militarización
Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano, denunció la militarización de estos territorios por parte del Ejército y el peligro que supone para la comunidad desplazada. En un comunicado se refiere a sobrevuelos bajos en la zona que generan un «ambiente de guerra».
La presencia militar en estos municipios se reforzó con la creación de la base militar Noanama, en 2018, que según esta red se erigió de manera «ilegal» e inconsulta. Esto ha causado que las comunidades queden en el «fuego cruzado» de los combates del Ejército y el ELN.
Las acciones de los distintos grupos armados y de la Fuerza Pública han causado temor y zozobra en estas poblaciones, que han tenido que resguardarse en medio de los combates de los distintos actores armados.
El Chocó es el departamento colombiano con el mayor índice de pobreza monetaria extrema, que registró un 38,8 % en 2019, según cifras oficiales. Esto hace que la situación sea compleja: hay carencia de servicios públicos, contaminación de las aguas, minería ilegal y una población victimizada en un 90% en el conflicto