Líder indígena denuncia los «intereses mineros» del presidente de Ecuador
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, denunció que el mandatario de ese país, Daniel Noboa, «tiene intereses mineros», en medio del conflicto social que se ha desatado contra las firmas que practican esa actividad extractiva.
«El presidente de la República tiene intereses mineros», enfatizó el dirigente durante una entrevista con Ecuavisa la mañana de este miércoles, donde precisó que el Grupo Noboa, de la familia del mandatario, tiene participación en la compañía minera canadiense Adventus Mining Corporation.
Según el dirigente, desde antes de que Noboa fuese presidente, el capital de su familia participaba en proyectos mineros en Curipamba, Pijilí y Santiago en Ecuador.
El titular de la Conaie señaló que el mandatario fue a Canadá a hacer negociaciones «en persona», para así garantizar «la ganancia de sus empresas» familiares.
Ese señalamiento lo hizo luego de que Noboa asistiera, a principios de marzo, a la mayor feria de la minería del mundo: la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), que se desarrolló en Toronto, Canadá, donde promocionó a Ecuador.
El 5 de marzo, la compañía Adventus Mining anunció la firma de un acuerdo de inversión con el Gobierno de Ecuador para el desarrollo del proyecto Cóndor en el sureste del país andino.
En enero de este año, Adventus Mining completó una fusión con la empresa Luminex Resource, mientras que en marzo alcanzó un acuerdo con Japan Organization for Metals and Energy Security para el Proyecto Tres Picachos, también al sureste de Ecuador.
Represión
A juicio de Iza, el mandatario «no está viendo el dolor del pueblo» por la presencia de empresas mineras en el país.
En ese sentido, se refirió a la situación de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, cantón Sigchos, de la provincia de Cotopaxi, donde el Frente Nacional Antiminero ha denunciado represión por parte de las fuerzas del orden a comunidades campesinas que mantienen su rechazo a la instalación de la minera canadiense Atico Mining Corporation.
Según informó la Conaie, en la zona «más de 500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas han ejercido una represión desmedida», con «el uso indiscriminado de balas de goma, perdigones y bombas lacrimógenas».
Las acciones han dejado un saldo de 15 personas heridas, 7 de ellas con lesiones graves, detalla la organización.
La Conaie indica que la represión busca «forzar una consulta ambiental que no refleja la voluntad de la mayoría», lo cual constituye «una flagrante violación de los derechos humanos, colectivos y los principios democráticos».