López Obrador analiza indultar a Roxana Ruiz, la joven que mató a su violador en defensa propia
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que analizaría la concesión de un indulto a Roxana Ruiz, una mujer indígena que fue sentenciada a prisión por homicidio, al actuar en defensa propia en contra de su agresor sexual.
«Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven», dijo López Obrador en el marco de su conferencia matutina.
El mandatario hizo referencia al caso de la mujer que, en mayo de 2021, fue víctima de agresión física y sexual por parte de Sinaí ‘N’.
Después de ser violentada, Ruiz actuó en defensa propia y mató a su violador. La Policía la detuvo en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
La mujer pasó nueve meses en el penal Neza Bordo, acusada de homicidio, y luego recuperó su libertad.
No obstante, el pasado 15 de mayo, la jueza Mónica Osorio Palomino le dictó una condena de seis años y dos meses de prisión y le impuso una multa de 280.000 pesos (unos 15.820 dólares) por excederse en su legítima defensa.
Desde Palacio Nacional, López Obrador criticó la decisión judicial de Osorio Palomino.
«Incluso, la justificación de la jueza es tremenda, (diciendo que Ruiz) pudo haber aminorado la fuerza, que fue un exceso de legítima defensa, eso fue lo que manejó».
En este contexto, el mandatario anunció que analizará las opciones que tiene para ver si se puede «aplicar el indulto».
«Si hay sentencia se nos va a facilitar y lo vamos a hacer», añadió.
Indulto presidencial
El indulto es una figura contemplada en el Código Penal Federal, en el artículo 97 bis, que estipula que «de manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal».
Para poder hacer uso de esa figura, se tiene que demostrar que «la persona sentenciada no representa un peligro» para la tranquilidad y seguridad pública, y aplica «cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada».
«El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales», reza la normativa.