Los lados A y B del crédito BAGRÍCOLA

Los lados A y B del crédito BAGRÍCOLA

El tema Agropecuario no tiene la atención debida en los medios de comunicación, a no ser que un fenómeno natural le afecte directamente o que por otras causales, algunos rubros de importancia estratégica, como por ejemplo el arroz, suba de precio; el plátano escasee en el mercado o si la producción de pollo será suficiente para suplir las demandas del mes de diciembre y, como algo menos relevante, si el ajo importado compite en precios con el local, ocasionando pérdidas en nuestra producción.

En la República Dominicana, el sector Agropecuario ha transitado por la misma trayectoria que han seguido otros países que han ingresado a niveles superiores de desarrollo económico, en cuanto a su participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB); al perder una importancia relativa al 2.6 % en los últimos 20 años: cuando pasó de un 8.3 % en el 1997 a un 5.7 % en el 2017; pérdidas que tiene antecedentes anteriores como, por ejemplo, cuando en el 1990 fue de 13.4 % y mucho más atrás, en el 1980, cuando era de un 16.4 %.

No obstante a la limitación de cobertura informativa de los medios y a la pérdida de importancia relativa que ha tenido el sector agropecuario dominicano, continúa teniendo una relevancia de primer orden en la economía nacional; especialmente, por su capacidad para atender las necesidades alimentarias de la población nacional y por la cantidad de mano de obra que emplea, ya que es el segundo de los sectores que absorbe empleos del total ocupado, con un 13.0 %, equivalente a más de 558 mil personas vinculadas al trabajo de la tierra.

En términos de recursos externos, contraria a la percepción de algunos sectores, la agropecuaria nacional no representa un aporte de primera línea en la generación de divisas para la economía local. Al cierre del 2017, su contribución alcanzó los US$641.6 millones, representando un 6.3 % del total exportado, ascendente a US$10,120 millones.

En orden de importancia, a diciembre del 2017, ingresaron a la economía nacional divisas provenientes de los sectores de: exportación, turismo, remesas e inversión extranjera directa, por un monto total de US$26,780 millones; representando las

exportaciones de origen agropecuario un tímido impacto dentro de ese valor, con apenas un 0.0024 %.

Por el lado del financiamiento, a finales del 2017, el sector agropecuario recibió créditos por un valor nominal de RD$33,677 millones, de los cuales el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA) otorgó el financiamiento por un monto de RD$19,479 millones, equivalente al 58.0 % del total; mientras en el sistema financiero privado, la banca múltiple destinó recursos por RD$14,198 millones, para un 42.0 % también del total. El índice de morosidad de la cartera de préstamos del sistema financiero nacional, al cierre del referido año, fue de un 2.27 %; en cambio, el del BAGRÍCOLA alcanzó un 8.9 %.

Ante el evidente liderazgo en materia crediticia que tiene el Banco Agrícola de la República Dominicana hacia las actividades vinculadas y conexas al cultivo de la tierra, vale la pena examinar, al menos, tres indicadores construidos a los fines de esta opinión, y que permiten observar los lados A y B, del financiamiento de la referida entidad crediticia; especializada desde su fundación a destinar recursos al Sector Agropecuario Nacional.

El lado A, podría ser visto como la parte positiva del desempeño del crédito agrícola y el lado B, como la parte negativa o de menor resultado; algo similiar a lo que acontecía en la industria disquera del pasado con los discos sencillos de 45 RPM que promocionaban: que el lado A, era la canción más exitosa, en tanto que la del lado B, era el relleno.

El liderazgo del crédito agrícola del banco estatal cumple el rol que le reserva la Constitución de la República al Estado, cuando en su artículo 219, prevé el principio de subsidiaridad; justo en el momento en que el sector privado, por razones de rentabilidad o mayor exposición a riesgos, no incursiona en una determinada actividad productiva o comercial; entonces, el Estado puede ejercer la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, y promover la economía nacional.

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