Lula adjudica 126 millones de dólares para proteger a los pueblos indígenas en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una medida provisional para abrir un crédito extraordinario de 640 millones de reales (unos 126 millones de dólares) para proteger a los pueblos indígenas y sus territorios.
Con este monto, que todavía debe ser aprobado por el Congreso, el gobierno del izquierdista busca cumplir con las exigencias del juez Luís Roberto Barroso, que puso en marcha un plan para retirar a todos los ‘garimpeiros’ (mineros ilegales) de tierras indígenas y hacer así frente a la crisis humanitaria que viven comunidades indígenas, como las yanomamis.
Barroso exigió al Ejecutivo la puesta en marcha de medidas de emergencia para proteger la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas, y la apertura de un crédito extraordinario para cubrir estas necesidades.
«Demarcar y fiscalizar»
Al menos 146 millones de reales (unos 28.696 millones dólares) del nuevo crédito irán destinados al Ministerio de Pueblos Indígenas, en particular a la Fundación Nacional del Indio (Funai), que atiende los asuntos relacionados con la «regularización, demarcación y fiscalización» de las tierras indígenas y de los pueblos aislados.
El resto del dinero se distribuirá entre los Ministerios de Defensa, Desarrollo Social, Justicia y Medio Ambiente.
Una parte de monto también se mandará al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), que realiza operaciones de fiscalización ambiental para proteger la vida de los indígenas.
El secretario ejecutivo del Ministerio de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena, consideró «un avance importante» la liberación del crédito.
«Esto ya lo había determinado la Corte Suprema en 2021 [con Jair Bolsonaro en el poder], pero el gobierno nunca lo había hecho efectivo», recordó Terena en declaraciones a la prensa.
Según la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, en los cuatro años de gestión de Bolsonaro fallecieron 570 menores en todo el territorio.
Tras asumir su tercer mandato a principios de año, Lula resaltó su compromiso para luchar contra la minería y la tala ilegales en la Amazonía, así como proteger a los pueblos indígenas, especialmente en la Tierra Yanomami, donde vive la mayoría de los pobladores originales.
El 20 de enero, el mandatario decretó el estado de emergencia ante la crisis sanitaria y de seguridad en la que estaban los yanomamis a causa de la minería ilegal, y lanzó una megaoperación para expulsar a los buscadores de oro.
En tan solo un mes, la Policía Federal desmanteló 200 campamentos clandestinos en la reserva indígena Yanomami y miles de mineros abandonaron la región ante el avance de las autoridades.