Marruecos condena a 11 meses de prisión a 33 migrantes por el salto a la valla de Melilla que se saldó con al menos 23 muertos

El juzgado de Primera Instancia de la localidad marroquí de Nador, al norte del país, ha condenado este martes a once meses de prisión a 33 migrantes que fueron detenidos durante el salto a la valla fronteriza que separa Marruecos del enclave español de Melilla, el pasado 24 de junio.

Además, los condenados también deben pagar una multa de 500 dirhams (alrededor de 47 euros) y una indemnización de 3.500 dirhams (algo más de 330 euros) por los daños causados a los agentes y al mobiliario público.

El intento de cruce de la frontera se saldó con la muerte de 23 migrantes, según las autoridades locales (37, según diversas ONG) y las duras imágenes de la represión policial dieron la vuelta al mundo.

En la sesión del lunes, los acusados reconocieron haber entrado al país de forma irregular, pero negaron los cargos de «facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos», «aglomeración armada en la vía pública» y «ultraje a funcionarios públicos». 

La mayoría de los procesados son de origen sudanés y huyen de un país convulsionado después del golpe de Estado que tuvo lugar hace ocho meses y que frenó el proceso de transición a la democracia.

Se denuncian represiones por parte de los militares y las muertes se suceden en medio de las protestas generalizadas en todo el país.

En este contexto, el abogado de los migrantes solicitó que se les reconociera su estatus de refugiados y fueran juzgados en libertad condicional, a lo que el tribunal no accedió, manteniéndoles en prisión desde el día de su detención.

Próximos juicios

Otros 32 migrantes, también mayoritariamente sudaneses, serán juzgados el próximo 27 de julio por los mismos hechos, aunque enfrentan acusaciones más graves.

Se les imputa el delito de «organizar y facilitar la salida clandestina y regular de personas extranjeras» del territorio nacional e «integración en pandilla y acuerdo concertado» con el fin de cometer esos hechos.

También se les acusa de «entrada y residencia ilegal» en el país y de ejercer violencia contra los miembros de la fuerza pública, entre otros delitos.