La Policía Nacional del Ecuador realizó este viernes un megaoperativo, denominado ‘Operación Gran Libertad 4’, en el que fueron detenidas al menos 41 personas, señaladas de los presuntos delitos de secuestro y extorsión.
La intervención se llevó a cabo de manera simultánea en varias provincias del país, como Pichincha, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito; Guayas, incluyendo al Distrito Metropolitano de Guayaquil; Manabí, Santa Elena, El Oro y Los Ríos, informó el coronel Galo Erazo, director Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el uniformado, acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), se realizaron 14 allanamientos, donde se logró la detención con boleta de captura, así como la aprehensión en delito flagrante, de estas 41 personas.
«Esto permitió afectar seis estructuras delictivas», indicó Erazo.
Asimismo, detalló que en la jornada fue liberada una persona que permanecía secuestrada y se recuperó el vehículo que utilizaba para sus jornadas laborales.
Además de las capturas y esa liberación, durante el megaoperativo se incautaron 10 armas de fuego, 247 cartuchos de diferentes calibres sin percutir, 35 teléfonos celulares, seis vehículos y una motocicleta. También se recuperó otro auto y tres motos que estaban reportadas como robadas.
328 detenciones
Erazo indicó que desde el pasado 17 de marzo, cuando inició operaciones la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE) —para contrarrestar este delito y el de secuestro en Ecuador—, hasta la fecha, ya han sido detenidas 328 personas, de las cuales 90 son presuntos integrantes de grupos delictivos.
En ese lapso, también, han sido liberadas 26 personas que se encontraban secuestradas. Asimismo, se decomisaron 57 armas de fuego y 295 terminales móviles.
De acuerdo con el uniformado, este tipo penal ha tomado auge en los últimos meses. «Lo estamos tratando de contrarrestar, contener y reducir a través de esta fuerza, que está integrada por 300 investigadores de campo», manifestó.
En el país andino estuvo vigente hasta el pasado 8 de abril un estado de excepción en materia de seguridad, decretado por el mandatario, Daniel Noboa, ante la crisis de violencia.
No obstante, aún sigue en vigor la declaratoria de un «conflicto armado interno».
En esa declaratoria, 22 grupos del crimen organizado transnacional fueron definidos como «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes»; y se ordenó a la fuerza pública ejecutar operaciones para neutralizarlos.