«Merece un libro»: El agónico arranque de Hidroituango en Colombia se logra casi en el último minuto
Después de semanas de incertidumbre, protestas de las comunidades y amenazas de multas por el incumplimiento de los plazos de entrega, este miércoles se materializó el inicio de operaciones de la polémica presa de Hidroituango en Colombia.
La noticia fue confirmada en redes sociales por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a las 7:45 de la mañana.
«Faltando tan solo 15 minutos para cerrarse el mercado de ofertas Hidroituango entró en operación.
Todo lo que pasó antes merece que se escriba un libro. Contra todas las variables se logró. Un equipo maravilloso lo hizo posible», detalló el burgomaestre.
Junto al trino, Quintero compartió una fotografía de parte del equipo técnico que hizo posible el arranque de la presa que prevé suministrar el 17 % del consumo eléctrico en Colombia.
En redes también se publicaron videos del equipo de ingenieros que, entre lágrimas, celebraron como una hazaña el inicio de las operaciones.
Uno de los riesgos que implicaba no alcanzar la meta era una sanción de 200 millones de dólares por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
A principios de esta semana, además, la Fiscalía advirtió que si Hidroituango no entraba en funcionamiento, se iniciarían investigaciones penales en contra los responsables del proyecto, entre ellos, las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El proyecto, considerado de prioridad nacional para la Fiscalía, ha sido el epicentro de una disputa política en la que Quintero Calle ha asumido la vocería más visible, a pesar de que se opuso a la construcción de la presa cuando no ocupaba el cargo de alcalde.
Por ese motivo, tanto la oposición como los sectores críticos de la sociedad han insistido este miércoles en que la puesta en marcha de la obra es responsabilidad de los ingenieros y personal técnico de Hidroituango, y no del alcalde.
¿Por qué es una obra polémica?
Aunque la presa se gestó como proyecto en la década de 1970, los trabajos de construcción arrancaron en 2010.
Desde entonces, las denuncias no solo han sido por las fallas estructurales de la hidroeléctrica, sino porque su ejecución ha provocado violencia y desplazamientos entre las comunidades que rodean la presa.