Metro, OMSA y teleférico
El director de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, planteó ayer la posibilidad de que el sector privado participe con inversiones en la capitalización del Metro de Santo Domingo, Servicio Metropolitano de Autobuses (OMSA) y el Teleférico, aunque aclaró que son planes, no cosas decididas, sino posibilidades.
Aunque enfatiza “que todavía el Gobierno no ha recibido ninguna oferta sobre esa posible capitalización”, el funcionario sugiere a la prensa no usar el término “privatizarían”, sino que “Metro, Omsa y Teleférico podrían operar bajo la modalidad de Alianza-Público Privada”.
Cualquier esquema de inversión privada que procure convertir esas empresas públicas tendría que ser bajo la sombrilla de la ley 63-17, pero es preciso llamar la atención de que el sistema de esas empresas públicas representa un derecho inalienable amparado en la Constitución de la República.
Se mantiene el término de que se “privatizarían” esos servicios que operarían bajo la modalidad de alianza público-privada, y es menester subrayar que no es lo mismo promover inversión mixta en la construcción de hoteles, que en empresas públicas de transporte.
A precios de hoy cada uno de los 31 kilómetros del Metro de Santo Domingo tiene un valor aproximado de 81 millones de dólares, lo que representa un total de US$2,511 millones, el teleférico de Santo Domingo tuvo una inversión aproximada de 42 millones de dólares y la OMSA ha sido un barril sin fondo.
El Gobierno subsidia las operaciones de las tres modalidades de transporte de pasajeros, lo que sería inadmisible en un esquema de alianza público-privada, a menos que se reedite la tragedia de los subsidios oficiales al subsector eléctrico que sobrepasan los trece mil millones de dólares en el último decenio.
No se niega la necesidad o pertinencia de que el sector privado nativo o extranjero participe en los grandes proyectos de desarrollo, como el Polo Turístico del Suroeste, ampliación del puerto de Manzanillo y la construcción de la autopista del Ámbar, pero es indispensable que el Gobierno garantice el interés nacional por encima de cualquier interés corporativo.
Capitalización, privatización, arrendamiento o inversión conjunta de ingenios, empresas estatales, yacimientos mineros, aeropuertos, carreteras, predios agrícolas, turísticos e inmobiliarios, han sido experiencias traumáticas, por lo que deben ofrecerse las garantías necesarias para que esta vez no se reedite la historia de los espejitos.