México decide reservar información sobre asilo a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo
El Gobierno de México habría sugerido reservar por un periodo de cinco años toda la información relacionada al asilo político que se le otorgó a la familia de Pedro Castillo, expresidente destituido de Perú.
De acuerdo a la información reseñada por Latina, la unidad de investigación de esa televisora pidió a México una copia de la solicitud del asilo político de la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos menores de edad, así como el expediente administrativo de calificación, evaluación y otorgamiento del amparo.
La respuesta del Comité de Transparencia de la cancillería mexicana, mostrada parcialmente por la televisora peruana, alega que «proporcionar la información requerida por el solicitante podría menoscabar las relaciones internacionales de México y la República de Perú, además de contravenir las garantías de protección que otorga el derecho internacional» para las personas que obtienen el asilo.
En la misma resolución, la cancillería sugiere que la información relacionada a ese caso, «sea reservada por un periodo de cinco años», debido a que «su divulgación sería una clara falta de confianza, sobre la cual se cimentan las relaciones internacionales» de México.
Además, la cartera de exteriores mexicana explica que la información solicitada contiene «opiniones, análisis, juicios de valor y puntos de vista, que fueron emitidos únicamente para su destinatario y no para el conocimiento público».
«Así, el riesgo de perjuicio para el Gobierno de México resulta muy elevado y justifica, en el contexto apuntado, la reserva de esta información», añade la cancillería, según el texto mostrado por Latina.
Relaciones entre Perú y México
Las relaciones entre Perú y México comenzaron a resquebrajarse tras la destitución que efectuó el Congreso peruano al expresidente Castillo, y su posterior encarcelamiento el pasado 7 de diciembre de 2022.
Luego de estos hechos, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la salida abrupta de Castillo, al considerar que el parlamento saboteó su gestión a pesar que fue un presidente electo por la mayoría de la población.
Además, el presidente mexicano dijo que estaban dispuestos a otorgarle asilo a su par peruano, al que también consideró como una víctima de la persecución judicial o ‘lawfare’, para impedirle gobernar.
La postura de México fue señalada como «injerencia» por parte de la mandataria designada por el Congreso, Dina Boluarte.
Posteriormente, Lima reaccionó expulsando al embajador mexicano, Pablo Monroy, al declararlo ‘persona non grata’.
Tras esta medida, el gobierno de López Obrador decidió que el diplomático regresara inmediatamente a su país.
En medio de la crisis, el Gobierno de México le otorgó asilo político a Lilia Paredes y sus dos hijos, quienes se encuentran en territorio mexicano desde el pasado 21 de diciembre.
Desde entonces, las tensiones entre ambos países se han dilatado, sobre todo por las críticas a la represión ejecutada por el régimen de Boluarte contra las masivas protestas en su contra, que se han extendido por más de dos meses y que contabilizan más de 60 víctimas mortales
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