El politólogo Daniel Pou plantea que se introduzca la revocación de mandato en un nuevo proceso de reforma constitucional, porque hay una serie de transformaciones que deben realizarse.
Advirtió que mientras el Congreso Nacional tenga potestad para reformar la Constitución de la República, el candado absoluto para producir cambios en la ley suprema no puede existir.
Pou dijo que la Constitución no se puede estar festinando y que un debate de reforma para hablar de la reelección debe ser sometido a un proceso donde se exija, por lo menos un referéndum.
“Donde tiene que ser aprobado por la población con los temas en torno a los cuales giraría la reforma constitucional, porque el candado absoluto no puede existir, mientras exista el Congreso Nacional, como órgano de deliberación y la Constitución está dentro de sus ámbitos de competencia, el candado absoluto no va a existir, lo que hay es que ponerlo difícil”, significó.
El experto sostuvo que debe dársele vigor a la Carta Magna y fortalecer muchas de las instituciones del Estado, como el Ministerio Público.
“Hay temas de democracia que hay que empezar cuerpo y para ello se requiere la reforma de la Constitución”, adujo.
Considera que la reforma constitucional es necesaria porque hay una serie de aspectos de la vida institucional del país que se deben adaptar a los nuevos tiempos.
Sin embargo, Pou dijo que no sabe cómo va a ser independiente el Ministerio Público en una reforma constitucional, aunque debe alcanzar mayor fulgor, fortaleza e independencia.
Fue preguntado si es posible concebir un Ministerio Público independiente, como está configurada la Procuraduría General de la República constitucionalmente.
“No creo que sea posible, lo primero es que el Ministerio Público nunca tiene que ser independiente”, puntualizó, tras afirmar que tiene que representar al Estado y a la sociedad.
Plantea que por el hecho de que se ponga la figura de independiente, siempre fungirá como representante de la sociedad en el proceso judicial.
Observa que lo que debe hacerse es brindarle la suficiente autonomía y darle la fortaleza para diseñar e implementar la política criminal del Estado.