OJO: Dieciséis casos que resonaron en el primer año de gobierno de Luis Abinader
- Han sido propios de la actual gestión o heredados del anterior mandato peledeísta
SANTO DOMINGO, RD.- Ya sean heredados del anterior gobierno peledeísta o propios de la actual gestión, en el primer año del mandato perremeísta, encabezado por Luis Abinader, hay casos que han hecho ruido y ya están en los registros históricos del país. Diario Libre reseña 16 de los más destacados.
A los tres meses de su nombramiento fue destituido Víctor Miguel Polanco Severino de su puesto de viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, tras detectarse irregularidades en la emisión de permisos para porte y tenencia de armas. Otros 52 empleados también fueron desvinculados de la Dirección de Armas.
La supuesta “venta de nombramientos” en el Ministerio de Salud Pública generó la cancelación de su director de Recursos Humanos un mes después de asumir su función. La práctica también se ha registrado en pasados gobiernos.
Poco más de cuatro meses duró Kinsberly Taveras dirigiendo el Ministerio de la Juventud. En diciembre de 2020 presentó su renuncia tras la oleada de cuestionamientos que generó una entrevista que le hizo la periodista Nuria Piera, en la que se analizaba su patrimonio por RD$106 millones con 33 años de edad y los contratos públicos que había conseguido para recoger la basura en varias demarcaciones.
Antes de su renuncia, el Ministerio Público había abierto una investigación para determinar la procedencia de su patrimonio, para la que se interrogó a su exesposo Juan Carlos Ventura y familiares.
En una Navidad con crisis económica y en confinamiento, los ánimos se exacerbaron cuando Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, entregó aproximadamente RD$100 millones en cheques a 67 artistas como apoyo económico del Gobierno a la industrial musical, detenida por la pandemia. A cambio, actuarían en conciertos virtuales y a futuro.
Pero el revuelo causado por la iniciativa llevó a rescindir los contratos (pero no a devolver el dinero) y a que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendara sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de –según sus cifras– 54 artistas por más de RD$55.6 millones, al determinar que se hizo sin cumplirse el debido proceso.
Guaba aseguró en julio pasado que algunos empleados (que no identificó) fueron movidos de posiciones y otros separados por un tiempo de la posición sin disfrute de sueldo.
En un acto con una alta producción escenográfica, el Gobierno presentó en octubre de 2020 el logo que identificaría a la República Dominicana como Marca País, diseñado por las firmas Beker, Integra y Kraneo Publicidad, por RD$32.9 millones. Pero el arte fue opacado rápidamente por la denuncia de que era un plagio de otro logotipo diseñado por el creador ruso Ivan Bobrov.
Para redimirse, el Gobierno convocó a un concurso público en el que se eligió otro logo diseñado por la joven Isabella Fernández, quien recibió un incentivo de RD$3 millones en equipos electrónicos y una beca para el Miami Ad School. Las autoridades de Pro Dominicana retiraron el logo anterior y anunciaron el sometimiento de una demanda.
Cuando el Gobierno planteaba nuevos impuestos para aumentar las recaudaciones, se dio a conocer en octubre de 2020 que el Ministerio de Educación licitó la compra de arreglos de orquídeas naturales por RD$692,828 para ambientar sus oficinas. Esto fue criticado por la opinión pública y, en consecuencia, el ministro Roberto Furcal canceló el proceso y responsabilizó a la administración pasada peledeísta, a pesar de que los trámites fueron firmados y autorizados en su gestión.
El presidente Abinader suspendió a Leonardo Faña como titular del Instituto Agrario Dominicano luego de que fuera llevado a la justicia tras una empleada acusarlo de agresión sexual. Un tribunal le dictó dos meses de prisión preventiva que luego se varió por presentación periódica y el pago de una fianza de RD$500 mil.
Otro tribunal le impuso prisión domiciliaria como coerción al exdirector regional de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación sexual a una mujer y acoso a una empleada.
Diez personas terminaron con medidas de coerción que van desde fianza hasta prisión preventiva luego de que el Ministerio Público los acusara de organizar y ejecutar el pasado 1 de mayo un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional, con el que se calcula estafaron con más de RD$500 millones a bancas. Un video en el que se deja en evidencia la manipulación de un bolo con la numeración 13, dejó al descubierto la complicidad para amañar el sorteo.
Entre las personas sometidas estuvo el propio administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a quien le fue impuesto un año de prisión preventiva y fue destituido de su cargo.
El 8 de diciembre de 2020, el juez José Alejandro Vargas dictó medidas de coerción, entre estas prisión preventiva, contra un grupo encabezado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de formar una red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta supuestamente controladas por este, aprovechando su parentesco con el exgobernante para establecer negocios millonarios con el Estado.
Por este caso, además están siendo procesados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas; Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oisoe. También, Carmen Medina (hermana del expresidente) y Wilfredo (Freddy) Hidalgo, exministro de Salud Pública, entre otros.
El 10 de mayo pasado, la jueza Kenya Romero les impuso 18 meses de prisión preventiva a implicados en una red militar-policial acusada de usar fondos del erario para su beneficio. Estos son Adán Cáceres, exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez; la pastora evangélica Rossy Guzmán; el cabo policial e hijo de la pastora, Tanner Flete; y el sargento Alejandro Montero. Al teniente coronel Raúl Girón, quien colaboró como delator, le dictó prisión domiciliaria por 18 meses.
En julio pasado, la atención pública se centró en el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien fue sometido a la justicia junto con un grupo, acusado de desfalcar al Estado por más de RD$6,000 millones. El día 13, la jueza Kenya Romero le dictó 18 meses de prisión preventiva y también a Jonathan Rodríguez, exdirector administrativo de la Procuraduría; Javier Forteza y Alfredo Solano.
A Rafael Mercede, Altagracia Guillén y Jenny Marte les dictó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país. Miguel Moya, exasesor de la Procuraduría, quedó en libertad bajo fianza.
El 10 de septiembre de 2020, la asesora en ética y transparencia del Ejecutivo, Milagros Ortiz, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entregaron a la Procuraduría los expedientes sobre la cuestionada contratación de RD$11,500 millones en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas, en la anterior gestión peledeísta. El caso resonó durante la pasada campaña electoral.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga a los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas por presuntamente maquillar auditorías en favor de funcionarios del pasado Gobierno, e imputarles delitos como obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos. Además del expresidente del organismo, Hugo Álvarez, también se investigan a Pedro Ortiz, Carlos Tejada, Margarita Melenciano y Félix Álvarez.
El Ministerio Público tiene una investigación abierta respecto a la denuncia de que fue sobrevalorado el proceso de compra de 40,000 kits de alimentación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera infancia (Inaipi). Ya se interrogó a su pasada directora, Berlinesa Franco, y a otros funcionarios, entre estos la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán.
El conocimiento del juicio de fondo a los seis acusados del caso Odebrecht comenzó en septiembre de 2020 en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y está en agenda que las juezas que lo componen emitan su fallo antes de que finalice este 2021. La Procuraduría General también ha anunciado una investigación abierta denominada Odebrecht 2.0, en la que se incluiría a la central termoeléctrica Punta Catalina y otros aspectos de tipos penales, así como “individuos faltantes” que recibieron sobornos de la multinacional brasileña, hoy llamada Novonor.
La Pepca también ha interrogado a Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Simón Lizardo, exadministrador del Banco de Reservas, y a otros cercanos colaboradores del expresidente Medina. Además, a los hermanos de la exprimera dama, Cándida Montilla, por presuntos actos de corrupción en el sector eléctrico. Asimismo, se investiga la denuncia de que la pasada gestión del Plan Social de la Presidencia no dejó información sobre inventario, deudas, pagos y compras en esa entidad, debido a que “se llevaron todos los discos duros de las computadoras”.