Santo Domingo. –El proyecto de ley contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas sigue provocando intensos debates en el Congreso Nacional.
Este martes, el senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, propuso modificaciones contundentes para endurecer las sanciones contra los funcionarios involucrados en estos delitos.
Fernández planteó que cualquier funcionario que participe en el tráfico ilícito de migrantes sea inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, una medida que busca enviar un mensaje firme desde el Estado.
El legislador argumentó que quien se prevalece de una posición que le ha confiado el pueblo para actuar contra la soberanía nacional, no debe tener cabida nuevamente en la administración pública.
La propuesta contempla, además de la pena de prisión, una inhabilitación de 10 años para ejercer funciones públicas en una primera falta, y permanente en caso de reincidencia.
Las discusiones dividieron a oficialistas y opositores, generando posturas encontradas sobre el alcance de las sanciones.
En medio del debate, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ordenó que el proyecto sea reenviado a comisión, con el mandato de presentar un informe en un plazo de una semana.