Periodistas y juristas piden a España y a la UE interceder para que Polonia libere al periodista Pablo González
Más de 150 profesionales del derecho y el periodismo han firmado una carta en la que piden al Gobierno de España y a la Unión Europea (UE) interceder en el caso del reportero español Pablo González, que lleva desde el 28 de febrero detenido en Polonia tras ser señalado por las autoridades de espiar para Rusia.
Una misiva ha sido entregada este martes en el Ministerio de Exteriores y va dirigida al titular de esta cartera, José Manuel Albares, otra copia se ha mandado a la oficina del Parlamento Europeo en España y una tercera ante la Embajada de Polonia en Madrid, que va destinada al ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro.
Los firmantes piden que el Gobierno de España y la UE exijan la libertad provisional del periodista y la apertura de un proceso judicial con todas las garantías que permitan un juicio justo.
Asimismo, consideran «inconcebible que el Ministerio de Exteriores no esté implicado en la defensa de los derechos fundamentales de este ciudadano español» y exigen que Madrid solicite a Polonia «el inmediato traslado» a España de González.
«La Fiscalía polaca ha pedido y logrado dos prórrogas a esa detención, lo que alarga su cautiverio, pudiendo llegar a estar dos años privado de libertad en esta situación de absoluta incomunicación, cercana a la sufrida por los presos en Guantánamo», aseguran.
En la carta se destaca que la doble nacionalidad del periodista –española y rusa–, no puede «de ningún modo justificar la falta de respeto del derecho internacional y del derecho comunitario».
«Se trata de un periodista que estaba cumpliendo su labor profesional para distintos medios de comunicación españoles», reza el texto.
Iniciar un proceso judicial
También apuntan que en caso de que Polonia –estado miembro de la UE– tenga pruebas «de alguna actividad considerada delictiva» las presente de «inmediato» e «inicie sin más tardanza un procedimiento judicial», en lugar de «mantenerlo aislado y sin juicio durante nada menos que nueve meses, situación más parecida al secuestro que a la prisión provisional».
«Esta prisión provisional sin acusación, pruebas ni juicios, prolongada durante tantos meses, nos hace duda de que dicho país sea capaz de llevar a cabo un juicio justo que respete todas las garantías procesales», subrayan los firmantes.
Por último, recuerdan que González se encuentra «incomunicado incluso para su abogado defensor».
«El Gobierno español y la UE no pueden seguir permitiendo que un ciudadano español, europeo, siga detenido en esas condiciones y que un país miembro de la UE viole de esta manera tan contumaz los derechos fundamentales», apuntan.