Petro defiende a su canciller tras polémica por licitación de pasaportes en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó la razón por la cual se declaró desierto el proceso de licitación de pasaportes, que hizo que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra el canciller, Álvaro Leyva, por supuestas irregularidades.
En una interacción en la plataforma X, el mandatario colombiano expuso que la empresa que actualmente emite esos documentos es la misma que funcionaba en la Administración de Iván Duque, su antecesor.
En Colombia, desde hace 17 años, la compañía británica Thomas Greg y Sons ha recibido las licitaciones estatales para la producción de pasaportes.
Sin embargo, tanto el Gobierno como otras instituciones criticaron que esa firma fuese la única oferente, con un contrato de 600.000 millones de pesos (unos 152 millones de dólares).
«No permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten. Y todo funcionario tiene mi mensaje.
No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente», escribió el líder del Pacto Histórico.
Una demanda en puertas
Como la única oferta fue la de la empresa británica, el Ejecutivo declaró desierta la licitación por lo que, según Petro, se quitarán las fallas que impiden la libre competencia.
«En este Gobierno no se permite la corrupción», aseveró.
Tras esta decisión, Thomas Greg y Sons anunció que demandará al Estado colombiano por entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (de 20 a 25 millones de dólares) por el incumplimiento del contrato, que finalizaba el próximo 2 de octubre, recoge W Radio.
Para evitar una crisis en la emisión de ese documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el estado de urgencia manifiesta, que permite hacer una contratación directa, «por motivos de fuerza mayor», con el fin de garantizar el suministro de pasaportes en Colombia por doce meses.
Esta suspensión hizo que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general de ese despacho, José Antonio Salazar, por supuestamente haber «vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal».