SANTO DOMINGO, RD.- Entre las falencias, contradicciones y ambigüedades de las actuales normas electorales está la forma en que se distribuyen los recursos del Estado a los partidos políticos, de acuerdo a Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE).

La Ley de Partidos Políticos, número 33-18, establece que se otorgue un 80% de los recursos a los partidos que obtengan más de un 5% en las últimas elecciones, un 12% a los que se quedan entre el 1% y el 5%, y un 8% a los que están por debajo del 1%.

En el contexto de una conferencia virtual titulada “El papel de la Junta Central Electoral (JCE) y los derechos políticos”, Jáquez recordó su respuesta a una pregunta formulada por la senadora Faride Raful, cuando fue entrevistado como aspirante para dirigir la JCE.

En ese momento, enumeró los distintos sistemas que se aplican en diversos países para distribuir esos recursos económicos, y señaló el que considera más ajustado a la equidad. El mismo consiste en que se determine un porcentaje fijo de los fondos para distribuirlos a partes iguales, por ejemplo un 30%, y que el resto, que sería un 70%, sea asignado según la fuerza de votación que obtuvo cada organización política.

Desde el inicio de su gestión, la JCE se abocó a un proceso de revisión de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral, número 15-19, que han sido declaradas inconstitucionales en varias sentencias del Tribunal Superior Electoral (TSE), del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y del Tribunal Constitucional (TC).

Las normas deben ser ajustadas para corregir algunos defectos citados por Jáquez. Por ejemplo, considera que se debe valorar el método D´Hondt a la hora de asignar escaños en la Cámara de Diputados.

También sugiere sopesar la potencial implementación obligatoria de los debates entre candidatos en procura de motivar el voto consciente, así como perfeccionar el régimen de consecuencias penales, en una coordinación de la JCE con el Ministerio Público y la Policía Militar Electoral.

Pese a la cuota de género de un 40% mínimo que establece la legislación vigente, el magistrado recordó que la Constitución señala una equidad al 50%-50%, y señaló que lo mismo debería tomarse en cuenta con la juventud.

Otros aspectos que los diversos actores deben considerar, a su juicio, es el fortalecimiento funcional del Ministerio Público Electoral, la transparencia en el manejo de recursos económicos por parte de los partidos, y lo relativo a la cadena de custodia de los materiales electorales el día de votaciones.

José Francisco Peña Guaba, presidente del Foro Permanente de Partidos políticos de la República Dominicana (Fopppredom) dijo que es ilegal la reducción del 50% de la contribución económica a las organizaciones políticas, dispuesta en el Presupuesto General del Estado.

De los RD$1,260.4 millones presupuestados para “contribuciones especiales”, sólo RD$630 millones irán a parar a los partidos, mientras la otra parte será transferida para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.

La misiva introductoria de la adenda al proyecto de ley de presupuesto que el presidente Luis Abinader envió al Congreso Nacional estableció esa redistribución. El presidente de la JCE no se ha referido al tema.