Profesionales de diversas áreas dicen que la penalización absoluta del aborto afecta la salud de las mujeres

SANTO DOMINGO.- La prohibición absoluta del aborto, la falta de educación sexual y el restringido acceso a métodos anticonceptivos mantienen a la República Dominicana entre los países de la región con peores índices en salud sexual y reproductiva, según advirtieron los expertos que participaron del panel “Mujer: Derechos y Salud Pública”, realizado en el auditorio principal de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

El encuentro fue encabezado por el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, la diputada por San Pedro de Macorís, Juana Mercedes Vicente y la abogada y experta en derecho internacional Paula Ávila Guillén, directora para América Latina del Centro de Equidad de la Mujer (WEC por sus siglas en inglés).

Los panelistas enfatizaron en la urgencia de la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando es resultado de violación o incesto o cuando el embarazo es inviable, es decir, que no puede tener vida fuera del útero.

Según una nota de prensa enviada a Diario Libre, Rosa advirtió que lejos de disminuir la mortalidad materna, la penalización absoluta del aborto ha contribuido, por el contrario, a aumentarla. “De acuerdo a datos oficiales los abortos inseguros explican el 10% de estas muertes, y según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, el porcentaje es mayor, de un 20%”, dijo.

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, señaló que el problema es más complejo debido a las consecuencias que genera la criminalización del ejercicio médico, limitando al personal médico al momento de brindar la atención que necesitan las pacientes para proteger su vida y salud.

“Cada una de estas causales está avalada por la ciencia, por ejemplo, la ciencia dice que en patologías como es un embarazo anencefálico, que no va a dar vida, lo que procede es interrumpir el embarazo”, precisó.
Explicó que los países donde el aborto está despenalizado parcial o totalmente, que representan más del 97% de las naciones, tienen menores niveles de mortalidad materna, “porque una cosa arrastra la otra”. “Somos tan irresponsables que aquí hay medicamentos que se usan para abortar pero a quien se penaliza es a la mujer, porque la salud en la República Dominicana es un negocio y la integridad de las mujeres no es una prioridad”, lamentó el líder gremial.

La diputada Vicente afirmó que el país necesita un nuevo Código Penal, a la altura de los demás países de la región, y esto implica que reconozca los derechos de las mujeres. “La mayoría estamos de acuerdo con integrar estas excepciones, pero algunos votan en contra, no por convicción, si no por miedo a ser chantajeados, tenemos que vencer el miedo y la hipocresía’, advirtió.

Llamó a la ciudadanía a presionar a sus legisladores en cada municipio para que no den la espalda a las mujeres en este tema. “Hay que defender un Código Penal que sea íntegro, no excluyente, por el bien de las familias, de las mujeres y de toda la sociedad”, sostuvo.

En tanto, Ávila Guillén abordó los casos de países donde la interrupción del embarazo está permitida en situaciones específicas, a pesar de que su Constitución conciba el inicio de la vida a partir la concepción.

“La jurisprudencia comparada nos enseña que es posible permitir el aborto en ciertas circunstancias y, al mismo tiempo, proteger la vida desde la concepción. Es más, en un país que realmente protege la democracia, resulta absolutamente imperativo proteger los derechos a la vida, salud y dignidad de las mujeres y no imponer la carga desproporcionada que implica obligarla a llevar a término un embarazo en estos casos extremos”, sostuvo.

El panel estuvo moderado por la periodista Edith Febles. Las palabras de bienvenida por parte de UNIBE estuvieron a cargo de la directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Sagrario Feliz, quien valoró la importancia de que las academias fomenten los debates necesarios para continuar produciendo conocimientos y aportando al desarrollo de la nación.

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