El Gobierno logró imponer —al menos con un reticente consenso— que el aumento de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado sea de un 20 %.

Casi dos millones de empleados serán beneficiados. Una segura consecuencia es que los empleadores resistirán los incrementos de sueldo de todos quienes ganen más que el mínimo.

Será difícil premiar por méritos o productividad. Estimo errónea la defensa de los sindicatos y el Gobierno de subir en una quinta parte el precio del trabajo de los obreros menos especializados.

El sueldo mínimo como garantía de bienestar carece de sentido cuando hay trabajadores dispuestos a trabajar por menos, como los inmigrantes ilegales o dominicanos empleados por negocios informales.

Llevar el salario mínimo de RD$24,990 a RD$29,988 sin dudas impactará los precios de los servicios y productos de las grandes empresas industriales y comerciales que no disfrutan regímenes como los de zonas francas o turismo. Aumentos que dolerán a los más pobres.

Si el propósito del Gobierno hubiese sido abaratar la creación de nuevos empleos, incentivar la normalización y bancarizar el enorme sector informal, junto con promover más educación y destrezas para la nueva economía, aplaudiría como una foca de circo.

Al menos no le tumbaron el pulso como con los aumentos de impuestos. ¡Qué canana! Mi destino es vivir equivocado…