PSOE y Unidas Podemos ultiman un programa con acento social y feminista
La investidura es solo el escollo inmediato y principal, pero ni mucho menos el único para el eventual gobierno pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Mientras se resuelven los apoyos para la investidura, con movimientos intensos en torno a la situación procesal y legal de Oriol Junqueras y la Abogacía del Estado guardando un inquietante silencio y socialistas y republicanos negociando el acuerdo final, el PSOE y Unidas Podemos han seguido afinando un programa de acción de gobierno que desarrolle el acuerdo presupuestario del 2018 y en el que la regulación laboral y las políticas feministas serán estandarte. El objetivo, por no convocar a la incertidumbre, es llegar lo más lejos posible sin que la acción de gobierno quede exclusivamente subordinada a la aprobación de los presupuestos.
El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio toda una lección, entre el 2004 y el 2011, de programa legislativo sin coste presupuestario, con la ampliación de los derechos políticos (más que sociales) de la ciudadanía: el divorcio exprés, el matrimonio homosexual, la ampliación de la ley del aborto, la ley antitabaco, la ley de Memoria Histórica, el carné por puntos… fueron algunas de las medidas de hondo calado social que no tenían impacto relevante en los Presupuestos y que sin embargo eran leídas como un proyecto ambicioso de modernización.
Reforma laboral
Los socialistas no están por una derogación total, pero sí urgente de los artículos más lesivos
Si bien también puso en pie medidas de profunda afectación presupuestaria y centradas en derechos sociales, como la ley de Dependencia, llamado “el cuarto pilar del Estado de bienestar” (pensiones, sanidad y educación son los otros tres), estos avances se vieron luego afectados por los recortes derivados de la crisis. Pero fue la ampliación de derechos civiles la que fijó la impronta de los dos gobiernos de Zapatero.
En el caso de la agenda del ejecutivo que planean PSOE y Unidas Podemos, más que de ampliación de los derechos, el eje será su recuperación, rehabilitarlos tras las severas amputaciones de los gobiernos de Mariano Rajoy. En tal sentido, la intensidad con la que se reescriban dos leyes del PP permitirá medir la ambición del proyecto: la última reforma laboral y la llamada ley mordaza –como se conoce al endurecimiento de la ley de Seguridad Ciudadana–. Unidas Podemos llevaba en su programa la derogación de las dos últimas reformas laborales (la del PP del 2012 y la anterior del PSOE del 2010), pero los socialistas solo quieren rectificar la de los populares. Tanto el PSOE como Pedro Sánchez han oscilado, a este respecto, entre las propuestas de derogación total de la norma del 2012 y la reforma parcial de lo que la eventual vicepresidenta económica, Nadia Calviño, denominan “los aspectos más lesivos”, de modo que, en el caso de que esta cartera caiga en manos de la diputada Galicia En Común Yolanda Díaz, la solución tendría que ser doble. Por una parte, una derogación parcial y urgente de los artículos que han afectado más seriamente a los derechos de los trabajadores, así como una subida paulatina del salario mínimo interprofesional, hoy en 900 euros, tras el pacto de PSOE y Unidas Podemos del 2018, y que podría situarse a corto plazo en los mil. En un segundo momento, se abordará la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que el PSOE siempre ha llevado como bandera.
Ley mordaza
La recuperación de los derechos políticos será una de las prioridades si hay gobierno
Del mismo modo, la reforma o derogación de la ley de seguridad ciudadana impulsada en el 2015 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y conocida como ley Mordaza –una derogación ya votada en el Congreso en 2017 por la mayoría que luego impulsó la moción de censura–, será un test de la vocación del ejecutivo en un momento en que occidente gira hacia políticas de corte ordenancista y fuertemente punitivas.
Otro de los mascarones de proa del Gobierno será la aprobación de la ley integral contra las violencias machistas, cuya tramitación parlamentaria avanzó en la anterior legislatura, pero finalmente no pudo ser aprobada antes de la disolución de las Cortes. Sobre el programa, la ley del “sólo sí es sí” es más ambiciosa en el programa de Podemos que en el del PSOE, pues quiere trascender las violencias dentro de la pareja y combatir toda suerte de machismos que se perpetúan más allá del ámbito doméstico.
Igualdad
La ley integral contra las violencias machistas se extenderá más allá de los maltratos en pareja
En tal sentido, una medida de corte laboral, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles son uno de los ejes para acabar con la discriminación por sexo en el mundo del trabajo, aunque la negociación deberá modular si esta aplicación se hace de una
vez o con un calendario paulatino.
Mucho más comprometido en términos económicos y presupuestarios es el ambicioso programa de transición energética y lucha contra la emergencia climática, si bien la diferencia principal está en que Unidas Podemos quiere poner firme al oligopolio energético español, e incluso aspira a una empresa pública de energía, mientras que los socialistas prefieren atraer a las compañías del sector a la causa.
Sistema tributario
PSOE y Podemos comparten la necesidad de una reforma fiscal de corte redistributivo
El PSOE está dispuesto a asumir las líneas principales de lo que firmó en el 2018, un acuerdo que se centraba en la factura eléctrica, pero no parece que la creación de un operador público entre en sus planes: mientras los de Iglesias aspiran a que la transición energética sea la locomotora de un cambio del modelo productivo, los socialistas se conforman con una abandono progresivo de los combustibles fósiles.
Sí parece más plausible una reforma fiscal ambiciosa, toda vez que la hoy ministra, María Jesús Montero, comparte en los sustancial las aspiraciones de Unidas Podemos sobre un modelo más redistributivo y una basculación de la presión fiscal, ahora depositada en las rentas del trabajo, hacia las rentas del capital. El suelo de ingresos que proponen los morados es a la postre garantía para mejorar la financiación del Estado de Bienestar.
Algo parecido ocurre con el mercado de la vivienda, donde las dos formaciones están de acuerdo en poner a las ciudades españoles a la par de las grandes urbes del mundo en cuanto a la regulación de las zonas de fuerte tensión inflacionista –por la combinación del modelo de explotación AirBnB y la acumulación de propiedades de los fondos de inversión–, pero no está claro cómo engarzar un programa como el del PSOE, que apuesta por más ladrillo (aumentar la oferta de vivienda nueva), y el de los morados, que tienen aversión a insuflar dinero en otra burbuja de nacional-ladrillismo. O marxismo-ladrillismo. Que, como decía el trovador, no es lo mismo pero es igual.