¿Qué viene después del 23 de febrero?

¿Qué viene después del 23 de febrero?

Miguel Henrique Otero

Cúcuta, 28 de febrero

La feroz respuesta del régimen de Maduro al programa de ayuda humanitaria que el presidente encargado Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, gobiernos de varios países y numerosas oenegés, intentaron ingresar a Venezuela el 23 de febrero, tiene, en medio de su dramático desenlace, un beneficio: acaba, de una vez por todas, con las expectativas que, contrariando años de evidencias en sentido contrario, insistían en que todavía había alguna posibilidad de diálogo y negociación. Eso sugiere, de entrada, que la unidad de los factores de la oposición tendrá que fortalecerse todavía más. No se puede desconocer el carácter de lo ocurrido: ante una iniciativa humanitaria y de carácter civil, el gobierno ha desplegado un ataque de carácter militar, paramilitar y delincuencial. Ha asesinado, herido, gaseado, detenido y golpeado a ciudadanos indefensos, como si se tratara de un enemigo armado. Y ha quemado una parte de la ayuda, principalmente medicamentos, como si se tratase de material bélico.

Frente a los letales desmanes del gobierno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha expresado un categórico rechazo a la dictadura y ha exigido la restitución de la democracia. Los hechos del 23 de febrero han permitido documentar un conjunto articulado de delitos, que entran en el campo del Derecho Internacional Humanitario. En la reunión del Consejo de Seguridad se expresó, con total nitidez, un argumento que adquirirá una importancia fundamental en los próximos tiempos: que las violaciones a los derechos humanos no tienen un carácter nacional. Son crímenes que autorizan a las naciones a intervenir. Sobre todo, si, como viene ocurriendo, la situación interna amenaza la seguridad de otros países, particularmente a Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Cada día son más numerosos los países que suscriben lo evidente: Maduro es una amenaza para la paz y la seguridad.

Por otra parte, los 18 puntos que contiene la declaración del Grupo de Lima apuntan en la misma dirección: condenan al gobierno de Maduro; denuncian el carácter ‘intencional’ de la privación de alimentos, medicinas y servicios públicos, a la que se está sometiendo a los venezolanos, especialmente a los sectores más vulnerables, para mantenerse en el poder. El Grupo de Lima se comprometió a colaborar para que los responsables de las violaciones a los derechos humanos comparezcan ante la justicia; e insistió en solicitar a la Corte Penal Internacional que sume a los procedimientos en curso, las acciones de violencia criminal en contra de la población civil y el rechazo de la asistencia internacional. Además, anunciaron que solicitarán la designación, por parte de la ONU, de un experto o una comisión que se concentre en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Estos dos encuentros no dejan lugar a dudas: la sensibilidad hacia la crisis humanitaria, social y política venezolana, se disemina y hace cada vez más activa, y constituye el marco para pensar cuáles son los escenarios, partiendo de la premisa de que los venezolanos no estamos solos en nuestra lucha. 

En estos días ha adquirido un carácter protagónico, el más difícil de los escenarios en las circunstancias actuales, el de una intervención militar. Hay legislaciones internacionales, códigos diplomáticos, requisitos de carácter político -uno de ellos, que todos los recursos deben agotarse-, por mucho que ese sea el deseo de la inmensa mayoría de los venezolanos. 

Un segundo escenario es el de un pronunciamiento militar por parte de sectores de la FANB, que se oponen a seguir colaborando con la destrucción de Venezuela. En mi artículo de la semana pasada describí algunos de los mecanismos y realidades que hacen también difícil esta otra expectativa pero no imposible. El fenómeno de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que huyen hacia Colombia es una prueba de que la disidencia es real, pero no articulada hasta el momento.

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