A partir del 2 de enero 2026 para que importadores u operadores aduaneros puedan participar en procesos de licitación pública será indispensable que presenten la “Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras”.
Así quedó establecido en un acuerdo firmado por la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo que establece la emisión obligatoria de esa certificación.
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el propósito es “garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable”. Es otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más institucionalidad y un Estado más confiable”, afirmó Sanz Lovatón.
De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que esta medida refuerza los principios de integridad y legalidad en la administración pública.
“Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, señaló.
La obligación está prevista en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas. La certificación será emitida únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera. En los casos en que el proveedor tenga un acuerdo de pago vigente con la DGA por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos.
Asimismo, deberá mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para los proveedores no registrados como contribuyentes, la DGA habilitará un portal de consulta en línea, donde podrá verificarse si un proveedor figura o no como contribuyente aduanero, ingresando su número de cédula o RNC.
Ambas instituciones emitirán una circular conjunta dirigida a ministros, directores, administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y autónomas, tanto financieras como no financieras, recordando la obligatoriedad de cumplir con esta medida en todos los procesos de contratación pública.
El acuerdo se enmarca dentro de las políticas de gestión administrativa y de fortalecimiento institucional impulsadas por el Poder Ejecutivo, alineadas con las metas de recaudación, eficiencia y transparencia del Estado dominicano.