Se elevan a 64 las acciones judiciales contra dueños Jet Set
SANTO DOMINGO.- La tragedia ocurrida el pasado 8 de abril cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó en Santo Domingo, sigue generando acciones legales contra los propietarios del establecimiento.
Hasta la fecha se han contabilizado 43 denuncias y 21 querellas formales, sumando un total de 64 acciones judiciales en su contra.
Las querellas y denuncias han sido depositadas en la Fiscalía del Distrito Nacional y sólo en la última semana unas 13 familias de fallecidos durante el derrumbe han solicitado respuestas sobre el suceso, quienes buscan justicia por la pérdida de sus seres queridos.
Además, se han interpuesto demandas civiles por presunta negligencia contra los propietarios del emblemático centro de diversión, Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, así como contra la sociedad Inversiones E y L, S.R.L.
En cuanto al número de víctimas fatales, las autoridades han confirmado que 236 personas perdieron la vida en el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
La Procuraduría General de la República ha tomado medidas cautelares, incluyendo la incautación del establecimiento y el bloqueo de transferencias de bienes vinculados a los propietarios, en un intento por evitar que estos eludan responsabilidades.
Entre las víctimas se encontraba el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien estaba en pleno espectáculo cuando ocurrió la tragedia que enlutó a la República Dominicana.
Pérez, conocido como “La voz más alta del merengue”, fue hallado sin vida entre los escombros tras una intensa jornada de rescate.
Su fallecimiento generó una gran conmoción en el país, con homenajes de figuras como Juan Luis Guerra y múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales.
Otras personalidades destacadas que perdieron la vida fueron los exbeisbolistas de las Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora de la provincia de Monte Cristi, Nelsy Cruz y el saxofonista del grupo de Rubby Pérez, Luis Solís, conocido como “Chican”.
El trágico suceso también cobró la vida de miembros de la familia Grullón, vinculados al Grupo Popular y de ciudadanos extranjeros, incluyendo venezolanos, colombianos, franceses, italianos y haitianos.