SANTO DOMINGO, RD.- Los senadores Dionis Sánchez (Pedernales) y Faride Raful (Distrito Nacional) protagonizaron un choque de ideas relacionado al “peaje sombra” de la Autopista del Nordeste, sobre el cual el presidente Luis Abinader dijo que hay que buscarle una solución legal porque en 13 años ha pagado RD$26,835 millones en perjuicio económico del Estado.

En ese sentido, el senador Sánchez, vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo, expresó durante la sesión de este martes, que en la alocución del 27 de febrero del jefe de Estado, la senadora Raful sentada a su lado, le comentó que todo los que están involucrados en ese peaje deben estar presos.

Dijo que leyendo las redes se preguntó, por qué se habla tanto del pecado y no del pecador, y que fue ahí cuando decidió investigar el contrato original de esta concesión y encontró que en el Congreso dirigido por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuando el presidente del Senado era Andrés Bautista, descubrió que quien había firmado ese contrato era el ministro de Obras Públicas del momento, Miguel Vargas Maldonado.

“Quien había mandado la carta desde el Poder Ejecutivo de ese entonces, es nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía”, alegó el senador sureño.

Estas declaraciones fueron ripostadas por Raful, que manifestó que el presidente Abinader ha prometido revisar el contrato de ese peaje.

“Hay que decirle a la población que, en el año 2001 es a donde se remonta este contrato, y que el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas, es quien firma el contrato de construcción, financiamiento y operación y mantenimiento de la Autopista del Nordeste, el cual fue aprobado en el año 2002 (Gobierno Hipólito Mejía), pero es a partir del 2005 (Gobierno Leonel Fernández) cuando se comienza a ejecutar”, detalla Raful.

Continuó diciendo: “Y se divide en dos fases. Primera fase: del 2006 al 2008, que es cuando se construye la primera fase. Del 2009 al 2011, la segunda fase y el entonces presidente de la República Dominicana (Leonel Fernández) le entrega el poder al entonces secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien modificó previamente en 2007, parte del contrato original”.

La senadora sostuvo que se deben establecer los tiempos y responsabilidades bien, pues cuando se dice que los responsables deben estar presos, también se debe ver si quien tiene responsabilidad penal y afirmó que la obra se construyó a un costo 305 millones de dólares; pero que, desde el 2012 al 2019 el Estado pagó 457 millones de dólares. Mucho más que su precio de construcción.

Raful llamó a no tener corruptos favoritos.