SISALRIL lanza su segunda versión de su Carta Compromiso al Ciudadano
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en consonancia con las regulaciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), reafirmó su compromiso con la calidad al presentar su segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudadano, dando a conocer los servicios con los cuales se compromete a seguir ofreciendo una atención de calidad, así como los mecanismos para evaluar la eficacia de los mismos.
En este documento, la SISALRIL desglosa de manera clara los servicios comprometidos referentes a la acreditación, renovación y gestión de los Promotores de Salud y las capacitaciones a empleados, líderes sociales y trabajadores afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, Prestadores de Servicios de Salud y ARS, sobre el Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales.
“Asumir este nuevo reto de la mano del MAP, demuestra la visión del gobierno en ofrecer servicios de calidad a nuestros ciudadanos”, indicó el superintendente de la SISALRIL, Dr. Jesús Feris Iglesias. El mismo continuó diciendo: “Nuestro objetivo como institución es continuar fortaleciendo nuestra Carta, asumiendo nuevos retos y compromisos en los demás servicios que ofrecemos, los cuales se traducirán en modelos de calidad para todos”.
Durante el evento y en representación del MAP, estuvo presente la Lic. Sheila Castillo, viceministra de servicios públicos, así como un grupo de ciudadanos receptores de los servicios de la SISALRIL a los cuales se les hizo formal entrega de la Carta. Entre estos ciudadanos, se le cedió la palabra a la Sra. Zoila Suazo, quien expresó: “Desde el primer momento en que me contacté con la SISALRIL sentí la calidad humana y la actitud de servicio de sus empleados, sin importar las veces que tuve que consultar la institución”.
La Carta Compromiso al Ciudadano, es documento estructurado para facilitar a los usuarios el ejercicio efectivo de sus derechos, fomentar la mejora continua de calidad y hacer explicita la responsabilidad de los gestores públicos con respecto a la satisfacción de los ciudadanos ante los órganos superiores de la propia Administración del Estado.