El Gobierno buscaba regular el trabajo doméstico

SANTO DOMINGO,RD.- El Tribunal Constitucional (TC)  dejó sin efecto la resolución 551-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que aprobó un plan piloto para la inclusión de los trabajadores domésticos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), bajo el Régimen Contributivo Subsidiado, en un esquema de financiamiento de aporte fijo con cargo al empleador, al trabajador y al Estado. 

La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el abogado Luis Vilchez Bournigal, quien también presentó una acción directa en contra de la resolución 14-2022, que estableció un régimen de horario y contratación obligatoria regulado por el Ministerio de Trabajo para los empleados domésticos en República Dominicana, y que fue también declarada contraria a la Constitución en junio pasado.

Vilchez Bournigal indicó en Twitter que tras la «segunda y última acción en inconstitucionalidad que hemos interpuesto, todas las instituciones que emitieron resoluciones sobre trabajo doméstico que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, tomen un momento de reflexión».

Bajo lo estipulado en la resolución 551-08 se inició el registro de trabajadores domésticos de manera conjunta con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) el pasado primero de mayo de 2023, en un esquema en que el empleador debía aportar cada mes RD$571.50 de un total de RD$859.43 para los fondos de los trabajadores domésticos en la Seguridad Social. El trabajador aportaría RD$28.50 y el Estado dominicano, RD$259.43.

Hasta el 7 de junio, de acuerdo a un seguimiento estadístico que publicaba la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), se habían registrado 732 trabajadores.

Tras el TC dictar la resolución contra la resolución, los especialistas en la materia indicaron que los beneficios a las empleadas domésticas deben darse a través de la modificación del Código de Trabajo. 

La aprobación de la resolución había sido lanzada «con bombos y platillos» por el Gobierno durante una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader en San Francisco de Macorís. 

Luego de la anulación, el jefe de Estado indicó que el Gobierno buscará «la forma legal y constitucional para hacer justicia» con las empleadas domésticas.