Hay dos factores que han ejercido un efecto restrictivo sobre el crecimiento económico del país y que deberían ocupar un lugar central en la agenda de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su encuentro con el Gobierno: las elevadas tasas de interés domésticas y la baja participación de la inversión pública en el Producto Interno Bruto (PIB).
En lo referente al primer punto, conviene recordar que hay un terreno donde el país tiene escasa capacidad de maniobra: las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus tipos de interés inciden directamente en la política monetaria de nuestro Banco Central, que debe mantener una distancia prudente respecto a las tasas de la Fed para evitar salidas de capital y, con ellas, presiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, resulta alentador el reciente anuncio del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la adopción de una estrategia más flexible en la fijación de los tipos, con relación a la meta de inflación y el empleo. Es un giro relevante, pues la metodología aprobada en 2020 había demostrado ser excesivamente restrictiva.
No obstante, existe un ámbito donde el país sí tiene margen de acción: lograr que las tasas de interés domésticas desciendan mediante una mayor profundidad del mercado financiero. Para ello se requiere ampliar y diversificar la oferta de instrumentos, no solo préstamos bancarios, sino también bonos corporativos, deuda pública en distintos plazos, acciones, fondos de inversión, derivados, seguros, de modo que la competencia aumente, los costos operativos se reduzcan, los márgenes de intermediación se estrechen y, en consecuencia, las tasas se vuelvan más competitivas.
Esa tarea debe estar acompañada de una adecuada provisión de liquidez, suficiente para sostener el volumen de transacciones, pero sin desbordamientos que alteren los precios. Al mismo tiempo, la inclusión financiera debe continuar siendo una prioridad: más personas y empresas con acceso al crédito y a mecanismos de ahorro e inversión.
Cuando el financiamiento es variado y abundan las alternativas, los prestatarios, empresas, hogares y el propio Gobierno, enfrentan menores costos, pues los inversionistas hallan múltiples canales para colocar sus recursos. En mercados poco desarrollados, el crédito suele ser caro y de corto plazo, en cambio, un mercado profundo permite financiarse a cinco, diez o incluso veinte años, liberando presión sobre las tasas de corto plazo. Además, reduce las llamadas “primas de riesgo” y con ellas el nivel general de los intereses.
La ventaja adicional de un mercado financiero más sólido es que mejora la transmisión de la política monetaria: cuando el banco central mueve su tasa de referencia, el efecto se refleja de manera más rápida y clara en préstamos, bonos e hipotecas, favoreciendo la estabilidad macroeconómica.
El segundo gran desafío es la escasa inversión pública -En 2024 fue de apenas 1.6% del PIB-. Su fortalecimiento exige reducir transferencias corrientes del Gobierno, robustecer los ingresos fiscales o, más sensatamente, combinar ambas estrategias.