Hace unas semanas la atención nacional está puesta en un tema recurrente: el abuso de la libertad de expresión por parte de personas que se dedican a dañar reputaciones ajenas.

Es un tema relevante que, dada la forma en que solemos llevar el debate en el país, es siempre oportuno también.

Son múltiples las causas de que estas personas y su ocupación vuelvan a ser la comidilla nacional, pero destacan dos: por un lado, la clara intención del gobierno de buscar una solución legislativa al problema, y, además, la decisión de algunas personas públicas de actuar en los tribunales.

Sobre lo primero, tengo una posición constante y ya expresada: en nuestro sistema constitucional la libertad de expresión tiene límites, y el derecho al honor es uno de ellos. Podemos debatir ampliamente cuáles son los mecanismos adecuados para encontrar el equilibrio que manda la Carta Magna, pero no es cierto que cualquier pretensión de regulación violenta nuestros derechos.

Sobre lo segundo, tengo por costumbre desaconsejar el sometimiento a quienes me consultan en esa materia. Entiendo que el precio personal que se paga es demasiado alto.

También que los procesos judiciales mantienen vivas fábulas e infamias que, en caso contrario, serían olvidadas en pocos días. No suele valer la pena, aunque entiendo perfectamente a quien decide asumirlo y actuar.

Sin embargo, ni las leyes ni los tribunales nos van a brindar una solución definitiva a un fenómeno que tiene naturaleza social y no jurídica.

El problema de fondo es que por lo general asumimos que difamador sólo es el que habla mal de los nuestros.

El que lo hace de los otros es un valiente guerrero de la palabra.
No hay que ir muy lejos para comprobarlo, sólo hay que ver la algarabía con que aún se celebra la saña contra los hoy políticos de la oposición. Esto es relevante para entender las causas de lo que vivimos, y es un anuncio de lo que nos vendrá mañana.

Esto no es alegría por el mal ajeno, por el contrario. Es el reconocimiento de que la responsabilidad es colectiva, que todos sin excepción hemos contribuido y que nos toca —a todos también— poner de nuestra parte para que el debate público pueda tomar los cauces de racionalidad y respeto que merece nuestro proyecto de nación.