Venezuela denuncia a la Fiscalía de la CPI por «irregularidades y violaciones al debido proceso»
El gobierno de Venezuela presentó este martes un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a la Fiscalía de ese tribunal, por cometer «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso» para acusar al país suramericano de cometer supuestos crímenes de lesa humanidad «que nunca han ocurrido».
El ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Náñez, publicó en Twitter el comunicado del Gobierno venezolano, para desmentir «todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica» contra el país.
En esa línea, Caracas denunció «la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte».
Para el Gobierno venezolano, hay evidencia del «carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América».
Por ese motivo, destacó que el sistema judicial venezolano se encuentra «activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción».
Caracas pone como ejemplo el caso de un hombre que fue presentado por la Fiscalía de la CPI como supuesta víctima de «tortura» y «persecución», cuestiones que el propio individuo negó antes las autoridades venezolanas.
«Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales», explica el texto.
El gobierno venezolano ratificó que «seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación», frente a lo que consideró una «forma de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del Derecho Internacional».