Manuel Jiménez V.

La reciente negativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) a aprobar una resolución que exigía a Venezuela la publicación de las actas de votación de las elecciones del 28 de julio es una muestra clara de cómo los intereses geopolíticos y la dependencia del suministro de petróleo están por encima de la estabilidad y la democracia en la región.

Esta decisión no sólo es preocupante, sino también reveladora de las dinámicas de poder que moldean las acciones de los países involucrados.

Es irónico y casi cómico ver cómo líderes como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia abogan públicamente por una mayor transparencia en Venezuela, mientras que sus gobiernos se ausentan de una votación crucial para el futuro democrático del Continente.

La situación se torna aún más ridícula con la declaración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que «no hay pruebas de fraude». Esta postura resulta incomprensible cuando, a casi una semana de las elecciones, no se ha presentado ni una sola acta que valide la proclamación de Nicolás Maduro.

El comportamiento de las pequeñas islas del Caribe en este contexto tampoco puede ser ignorado. Estas naciones, que se abstuvieron o se ausentaron en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, tienen una relación histórica de dependencia con Venezuela debido a los acuerdos preferenciales de suministro de petróleo.

Aunque estos acuerdos ya no operan en las mismas condiciones que en el pasado, la influencia de Caracas sigue siendo palpable.

Además, no se puede ignorar la influencia de actores geopolíticos como China y Rusia, aliados de Maduro, en la región. Esta influencia podría explicar, en parte, la falta de acción de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, que prefieren mantener una posición ambigua en lugar de tomar una postura firme en defensa de la democracia.

A pesar de esta aparente victoria pírrica para el régimen de Maduro, la presión internacional continúa creciendo. Desde el G-7, incluyendo estados Unidos, hasta la Unión Europea, pasando por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, se exige una mayor transparencia en el proceso electoral venezolano.

La falta de presentación de las actas por parte del gobierno venezolano es un indicativo claro de su intención de ganar tiempo mientras reprime a un pueblo desesperado por un cambio.

Maduro ha prometido entregar el 100 % de las actas, pero mientras tanto, intensifica la represión contra los líderes opositores como Edmundo González Urrutía y María Corina Machado. Estas acciones represivas podrían empeorar, sobre todo tras la insólita decisión de la OEA de no actuar en defensa de los principios democráticos fundamentales.

La reciente inacción de la OEA y la posición de ciertos líderes regionales reflejan un preocupante estado de sumisión a intereses particulares y geopolíticos, dejando a la región vulnerable y a sus pueblos sin el respaldo necesario para defender la democracia.

La situación en Venezuela bajo el chavismo, y específicamente durante los 11 años de gobierno de Maduro, ha llevado al país a una crisis generalizada sin precedentes en la región, probablemente solo superada por Haití.

Las estadísticas desde 2022 indican una tasa de desocupación en aumento. El propio Banco Central de Venezuela reconoció una inflación del 686.4 %, la más alta del mundo.

Además, el PIB se ha reducido en más del 30 %, con una contracción total superior al 74 % entre 2014 y 2021. La tasa de homicidios es de aproximadamente 40.9 por cada 100,000 habitantes. Estas condiciones han provocado la salida del país de 7.2 millones de venezolanos.

La lucha por un futuro democrático en Venezuela sigue, y la comunidad internacional no puede permitirse ignorar los llamados de un pueblo que clama por justicia y transparencia.