La sentencia TC/1225/25 del Tribunal Constitucional ha despertado un avispero en el país. En esta se anulan las disposiciones del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas y el Código de Justicia de la Policía Nacional que sancionaban con pena de prisión a los agentes, miembros u oficiales que sostuvieran relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

Inmediatamente se hizo pública se alzaron voces que la criticaron duramente. Eso no es de extrañar, ni tampoco debe escandalizar. Criticar las sentencias del Constitucional es un derecho fundamental y de ciudadanía. Quien esto escribe lo hace con frecuencia y, a veces, con mucha intensidad.

Sin embargo, el lunes de esta semana el director general de la Policía Nacional y el ministro de Defensa señalaron, delante del Presidente de la República, que ellos respetan la sentencia del Constitucional, pero que sus instituciones continuarán aplicando sus reglamentos internos. Es decir, que acatan la sentencia, pero no la cumplen.

Esto se sitúa fuera de lo constitucionalmente permitido. Los artículos 252 y 255 constitucionales prohíben expresamente la deliberación a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, que, contrario a otros órganos públicos, y a la misma ciudadanía, no tienen facultad para cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional. Son sobradamente conocidas las razones que justifican el mandato constitucional que limita a esas instituciones, no hay que llover sobre mojado.

Que estos dos funcionarios violen la Constitución de manera tan abierta no sorprende, puesto que ya antes el Constitucional ha señalado que la Policía es la institución pública que con mayor frecuencia desacata sus sentencias. Pero que afirmen públicamente su intención de ignorar la sentencia es un desacato a todas las autoridades civiles. Incluyendo el Presidente de la República, aunque a este le hayan dicho lo contrario.

Es claro que lo consideran comandante en jefe sólo cuando les conviene.
Que haya ciudadanos que apoyen esta afrenta es también muy grave. Deja claro que todavía mucha gente en el país considera que la libertad es sólo para ellos y que añora verse sometida a la autoridad de los militares. No es un hecho aislado, recientemente hubo quien pidió que se impidiera violentamente la construcción de una mezquita, como si en el país no existiera libertad religiosa.

Militares desobedientes del poder civil y la Constitución, y grupos que los apoyen, siempre habrá. Pero recordemos que hay peligro en seguirlos.