Alcalde emplaza CD aclarar veracidad o no venta Duquesa
SANTO DOMINGO NORTE, RD.- El alcalde de Santo Domingo Norte y presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, René Polanco, emplazó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, para que informe al país si ese cuerpo legislativo aprobó o no el contrato de venta de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa.
Polanco, advierte que la certificación que emita la Cámara de Diputados sería la prueba más contundente de la estafa contra el Estado dominicano y los tribunales, nacionales e internacionales, no tendrían otra opción que fallar en contra del fraude.
Dijo que como exdiputado de la República por Santo Domingo Norte, nunca le fue presentado en sesión alguna resolución donde se les vendiera a la empresa Lajun Corporation ni a cualquier otro, los más de 800 mil metros cuadrados de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) donde opera el basurero.
Consultado por reporteros de este diario Polanco consideró crucial que Maldonado emita un comunicado en el que aclare a la sociedad si el certificado de compra de los terrenos indicados es falso o verdadero
“Entiendo que si la Cámara de Diputados aclara que realmente se falsificó la firma a su secretaria general, no importa a donde vaya esa empresa, porque no tendrá derecho alguno, en una propiedad, que no es ni siquiera del ayuntamiento de Santo Domingo Norte, sino del país”, estimó.
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) interpuso un recurso por ante el Tribunal de Jurisdicción Original (Tribunal de Tierra) para que declare nulo el acto de venta y cancele el certificado de título de los 875,373.12 metros cuadrados, equivalente 1,392 tareas dentro del ámbito de Duquesa.
El tribunal fijó para el próximo 23 de este mes conocer la instancia del consorcio azucarero en la que solicita que condene a Lajun y sus socios al pago de una indemnización de mil millones de pesos por los valores dejados de percibir desde ese entonces hasta la ejecución de la sentencia.
Lajun sometió a República Dominicana por ante un tribunal de arbitraje internacional y exige US$300 millones.