Crisis en Bolivia: El gobierno de Rodrigo Paz opta por la estrategia de desgaste frente a las protestas
El Gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, ha decidido alejarse de la opción de intervención militar directa para disolver las protestas sociales que han paralizado al país durante el último mes y medio. A pesar de contar con un nuevo marco legal que le permitiría declarar el estado de excepción y utilizar a las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de desgaste, apostando a que el agotamiento de los sectores movilizados y el impacto del desabastecimiento en la población civil faciliten una normalización gradual de la situación.
Esta postura responde a un complejo escenario político. El entorno del mandatario reconoce que el uso de la «mano dura» podría radicalizar aún más a los sectores afines al expresidente Evo Morales y otros grupos sociales en conflicto, lo que le ha costado capital político en estos primeros meses de gestión. En lugar de una escalada militar, el Gobierno ha intensificado su narrativa de «narcoterrorismo», vinculando directamente las movilizaciones y los bloqueos con intereses ilícitos y agendas desestabilizadoras, una postura que ha encontrado respaldo en declaraciones de autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, los efectos de la crisis siguen siendo profundos: el desabastecimiento de productos básicos, la escasez de combustible y el aumento de la inflación han golpeado duramente la economía de los hogares bolivianos. Ante este panorama, el presidente Paz ha reiterado que el diálogo sigue siendo su vía principal, aunque ha mantenido una firme defensa de la autoridad estatal ante los bloqueos que han aislado a centros urbanos críticos como La Paz y El Alto.
Por su parte, el Ejecutivo continúa combinando esta contención con la presentación de proyectos de desarrollo —como la reciente firma de una ley para una planta fotovoltaica en Viacha—, en un intento por transmitir una imagen de gestión activa y estabilidad. La crisis, que ha dejado decenas de heridos y cientos de detenidos en las últimas semanas, se encuentra en un punto de inflexión donde el Gobierno confía en que la presión social por recuperar la normalidad termine por desarticular la capacidad de movilización de los sectores en conflicto, evitando así un enfrentamiento armado que podría tener consecuencias impredecibles para la democracia boliviana.