La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recusó este lunes al fiscal y uno de los jueces que intervienen en el juicio en que se la acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
La recusación que presentó el abogado de la vicepresidenta es contra el presidente del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2), Rodrigo Giménez Uriburu, y al fiscal Diego Luciani, según confirmó este lunes antes de iniciar la cuarta jornada de alegatos de la Fiscalía, el vicepresidente del Tribunal, Jorge Gorini.
Fernández había anticipado la recusación al publicar un mensaje en su cuenta de Twitter, el domingo por la noche, indicando que «el Poder Judicial argentino apesta».
Se basó en fotos publicadas por el diario local Página/12 que, según la vicepresidenta, prueban que «la asociación ilícita» es la del presidente del TOF2 y el fiscal de la causa «jugando al fútbol en la quinta» del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), máximo contrincante político de la vicepresidenta.
Según las fotos publicadas por la ex Mandataria, quien desde hace años insiste que sufre una persecución judicial o «lawfare» ideada por el Gobierno de Macri, en el mismo equipo de fútbol juega el cuñado de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los eventuales candidatos presidenciales para 2023 de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, al que pertenece Macri, y un intendente de esa coalición que este último fin de semana realizó una recorrida con el ex Presidente.
Dado que otros abogados defensores también presentarán recusaciones, Gorini adelantó que esperará que se materialicen esos escritos para responder las objeciones en conjunto.
En tanto, el fiscal Diego Luciani adelantó que contestará «cada uno de los planteos de manera oral» y en la audiencia que se está llevando a cabo para la presentación de los alegatos de la Fiscalía.
Cristina Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
La semana pasada comenzaron los alegatos de la Fiscalía, que se realizan por videoconferencia ante el TOF 2, donde Luciani dijo que el Ministerio Público Fiscal «tiene por acreditado» que entre los años 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado «una asociación ilícita de características singulares» y de forma «piramidal» que tuvo «en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado» e involucró al hijo de los ex mandatarios, Máximo Kirchner.