Toda reforma policial debe partir de una premisa esencial: fortalecer la capacidad institucional del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. Reformar no es desmantelar; es profesionalizar, modernizar, corregir fallas, establecer controles y mejorar la rendición de cuentas.

Por eso observo con profunda preocupación el giro que está tomando la reforma de la Policía Nacional, especialmente cuando el discurso de modernización parece avanzar hacia una sustitución progresiva de funciones propias de la institución por estructuras externas o privadas.

Existe una diferencia sustancial entre fiscalizar la administración policial y despojar a la Policía de su capacidad de gestión. El presupuesto no es un simple instrumento contable: es una capacidad de planificación, conducción y ejecución. Cuando la dirección institucional pierde el control de sus recursos, también se debilita su autoridad operativa y su cadena de mando.

En seguridad pública, esa separación puede generar consecuencias delicadas, porque la responsabilidad queda dentro de la institución, pero la capacidad real de decisión empieza a desplazarse fuera de ella.

Me preocupa, además, que el descrédito de la administración policial termine por utilizarse como argumento para justificar la transferencia de la gestión económica de la institución a manos privadas.

La transparencia es indispensable, y toda irregularidad debe investigarse con rigor y debido proceso. Pero una cosa es perseguir responsabilidades individuales y otra, muy distinta, es instalar la idea de que la Policía, como institución, es incapaz de gestionar sus procesos administrativos y financieros.

Si se exige transparencia a la Policía, también debe exigirse transparencia a la reforma desde el Ministerio del Interior y Policía, y al gasto realizado desde la Presidencia, que ha dirigido la reforma policial. Desde 2021 se han anunciado inversiones, fideicomisos, asesorías, consultorías, compras, equipos y programas destinados a transformar la institución.

El país tiene derecho a saber cuánto se ha invertido, quiénes han administrado esos recursos y qué contratos se han ejecutado, pero hasta ahora solo hay opacidad en la información y en su manejo.

También hay una dimensión humana que no puede ignorarse: la moral institucional. La incertidumbre sobre beneficios, carrera, mando y futuro profesional afecta el sentido de pertenencia de los agentes que diariamente enfrentan riesgos y sostienen el servicio público de seguridad. Ninguna reforma puede tener éxito si quienes deben ejecutarla se sienten desplazados, desacreditados o ajenos al proceso.

La Policía Nacional necesita cambios profundos, sin duda. Pero esos cambios deben preservar su autoridad, su identidad institucional y su capacidad de gestión.

Una reforma responsable corrige, ordena y fortalece. Cuando empieza a desmotivar, desacreditar y transferir capacidades esenciales a intereses externos o privados, deja de reformar la institución y comienza a deformarla.

La advertencia es clara: si la reforma policial continúa avanzando en el descredito de la institución y en la desmotivación de su recurso humano, se corre el riesgo de sustituir una debilidad por otra aún más grave. ¡¡Cuidado…!!