Una fuga masiva de datos supuestamente de la policía china, que incluye miles de fotos de mujeres, niños y ancianos detenidos, arroja luz sobre la difícil situación de los uigures en la región de Xinjiang.
Los documentos fueron publicados este martes por un grupo de 14 medios de comunicación internacionales, coincidiendo con la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a esta región del noroeste de China.
Fueron entregados por una fuente anónima al investigador alemán Adrian Zenz, el primero que acusó en 2018 al régimen chino de haber internado a más de un millón de uigures en centros de reeducación política.
Beijing rechaza esta cifra y califica a las acusaciones de «mentira del siglo».
Afirma que estos sitios son en realidad «centros de formación profesional» para desradicalizar a personas tentadas por el islamismo o el separatismo tras una serie de atentados que azotaron a la región.
Entre los documentos filtrados figuran más de 2.800 fotos de identidad de detenidos, incluyendo la de Zeytunigul Ablehet, una adolescente de 17 años detenida por haber escuchado un discurso prohibido, y de Bilal Qasim, 16 años, presuntamente condenado por su relación con otros prisioneros.
Anihan Hamit, de 73 años en el momento de su detención, es la más anciana de la lista.
Otra imagen muestra a guardias armados con bastones intentando controlar a un prisionero encadenado.
Documentos escritos acreditan por su parte la tesis de una represión ordenada por las más altas esferas del Estado chino.
Un discurso atribuido al ministro de la policía Zhao Kezhi en 2018 dice, por ejemplo, que el presidente Xi Jinping ordenó la ampliación de los centros de detención.
Según Zhao, al menos dos millones de habitantes del sur de Xinjiang estarían «seriamente influenciados por la infiltración del pensamiento extremista».
Los uigures representan cerca de la mitad de la población del Xinjiang (26 millones de habitantes).
En un discurso de 2017, Chen Quanguo, entonces jefe de la región, ordenó a los guardias matar a balazos a aquellos que intenten escapar y «vigilar estrechamente a los creyentes».
Beijing rechazó categóricamente las conclusiones de Zenz.