Denuncian que petrolera británica inhabilitada por operar en Malvinas obtuvo beneficios del Gobierno de Milei
El diputado argentino Maximiliano Ferraro denunció que una petrolera británica, que había sido inhabilitada para operar en el país suramericano por realizar operaciones de extracción y explotación de hidrocarburos no autorizadas en las Islas Malvinas, se valió de un cambio de nombre para obtener beneficios con el actual Gobierno de Javier Milei.
Frente a esta denuncia, el congresista pidió a los miembros del gabinete que aclaren cómo una compañía sancionada y inhabilitada obtuvo beneficios de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
«Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente.
Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación», escribió en su cuenta de X.
¿Por qué la denuncia?
En su interacción, el parlamentario afirma que «según constaría en los registros societarios del Reino Unido, Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC no serían dos empresas distintas, serían la misma persona jurídica», que estaría inscrita bajo un único número de registro y con «un cambio de denominación social» o de nombre en 2021.
Según esa información, agrega el diputado, «un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior», por lo que «la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy PLC».
Ferraro recordó que el Estado argentino inhabilitó a la petrolera británica «por violar la Ley 26.659» y realizar exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, cerca de las Islas Malvinas, sin la autorización del Ejecutivo.
Conforme a su denuncia, Harbour Energy integra 15 % la participación accionaria en el consorcio energético argentino Southern Energy, al que se le aprobaron los «beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por décadas» que están contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) «para desarrollar y exportar gas desde Río Negro [provincia patagónica argentina]».
El parlamentario señala que según la Ley 26.659, las restricciones impuestas por la normativa «no solo alcanzan a quienes operan directamente, sino también a sus accionistas y controlantes».
«El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI», apunta Ferraro.