SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) valoró la sentencia TC/0556/26 del Tribunal Constitucional, que confirmó la constitucionalidad de las cuotas de compras estatales reservadas para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) lideradas por mujeres.
El fallo rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Luis de Jesús Rodríguez Núñez, quien alegaba que estas reservas vulneraban el principio de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución.
Sin embargo, el Tribunal determinó que se trata de acciones afirmativas legítimas destinadas a corregir desigualdades estructurales y garantizar una participación más equitativa de las mujeres en el mercado público.
DATOS DE LA DGCP RESPALDARON LA DECISIÓN
La DGCP participó activamente en el proceso aportando estadísticas elaboradas por su Departamento de Ciencia de Datos, utilizadas por los magistrados para evaluar la brecha de género existente en las contrataciones públicas.
Entre los datos presentados figura que, en 2023, de los 115,420 proveedores registrados en el Estado, 80,798 correspondían a hombres y solo 28,720 a mujeres.
Asimismo, las empresas dirigidas por mujeres recibieron adjudicaciones por RD$83,096 millones, frente a los RD$270,436 millones otorgados al conjunto de las Mipymes, evidenciando una marcada asimetría económica.
NUEVO MARCO LEGAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
La institución también demostró que las cuotas no excluyen a las empresas lideradas por hombres, ya que cerca del 90 % de las compras reservadas para Mipymes continúa disponible para compañías con liderazgo masculino.
El Tribunal también destacó que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas fortalece esta política al establecer que al menos el 30 % de las compras destinadas a Mipymes se distribuya entre un 20 % para el sector en general y un 10 % exclusivamente para empresas dirigidas por mujeres.
IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO
La DGCP consideró la decisión como un avance para el empoderamiento económico femenino y exhortó a las emprendedoras a formalizar sus negocios, inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado y mantener actualizada su información para aprovechar las oportunidades de contratación pública.