Dictan año de coerción para tres de los imputados por el asesinato de Yuniol
SANTO DOMINGO. Por segunda ocasión, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, ordenó a la Procuraduría General de la República poner a disposición de los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht, las pruebas recolectadas durante la investigación.
Ortega Polanco acogió ayer los planteamientos de los imputados Porfirio Andrés Bautista García y Ángel Rondón Rijo, ordenando a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) poner a disposición de los impetrantes, “sin obstáculos ni demora, todas y cada una de las actuaciones procesales que a éstos, en su calidad de imputados, interesan dentro de la investigación de que se trata”.
En el mismo párrafo exceptuó a “aquellas que estén en curso y, por ende su comunicación comprometa su eficacia o que se justifique razonablemente y sujeto a una motivación suficiente, su negativa o reserva”.
Ortega explicó que el acceso de las partes a las actuaciones procesales del órgano investigador, no implica que las mismas y sus representantes puedan disponer libremente de la información obtenida, sino que tienen la obligación de guardar la discreción sobre el conocimiento que tengan sobre estas.
“Es deber del Ministerio Público poner a disposición de los imputados las actuaciones procesales relativas al expediente del que se trata como resguardo a su derecho de defensa pero con excepción de aquellas en torno a las cuales se justificara su reserva sea porque el Ministerio Público así lo haya requerido o porque de su naturaleza, contenido o alcance, se desprenda la necesidad de discreción por tratarse de una diligencia pendiente de ejecución o pendiente de realización”, describió en sus consideraciones.
Bautista y Rondón pedían que se le ordene al Ministerio Público poner a su disposición las actuaciones procesales que hasta el momento han recabado en la investigación, entre ellas las solicitadas a través de la cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, España, Argentina y Panamá, así como las pedidas a instituciones de República Dominicana.
En audiencia, la defensa de Bautista García, aclaró que no están pidiendo las solicitudes que enviaron a esos países o a la Dirección General de Impuestos Internos, Superintendencia de Bancos, entre otras, sino la respuesta que esos países e instituciones le dieron al órgano investigador.
De su lado, los abogados de Rondón Rijo solicitaron entre otras cosas, el interrogatorio practicado a Rafael Genaro Suero Mileano, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que habría dicho que mientras estuvo en la institución una persona le ofreció dinero a nombre de Odebrecht.
Explicaron que con esa prueba demostrarán que su cliente no era, como afirma la Procuraduría, la persona que pagaba los sobornos que la empresa brasileña distribuyó entre 2001 y 2014.