SAN JUAN, Puerto Rico.- Las autoridades dominicanas extraditaron a Estados Unidos a Patricia Joanna Almonte y a su pareja, Rineldys Feliciano Díaz, acusados aquí de conspiración para cometer acoso cibernético y sextorsión.
Los acusados fueron detenidos en República Dominicana el 19 de agosto de 2026, a petición de Estados Unidos, y extraditados a Puerto Rico el 30 de septiembre de 2026.
Según el comunicado oficial, ambos presuntamente dirigían una trama internacional de sextorsión con fines económicos, en la que conspiraron para cometer y cometieron acoso cibernético y amenazas de muerte.
ACUSACIÓN
«Estos acusados llevaron a cabo un plan calculado que se aprovechaba de la confianza, el miedo y la vulnerabilidad, dejando a su paso un daño duradero», afirmó Héctor Ramírez, fiscal federal en funciones del Distrito de Puerto Rico.
«La sextorsión es un delito despiadado, y el proceso judicial de hoy deja claro que quienes se aprovechan de las víctimas, por mucho que se escondan, serán identificados, perseguidos y llevados ante la justicia», añadió Ramírez.
De acuerdo con la investigación, los acusados operaban desde República Dominicana e identificaban a sus víctimas en Puerto Rico para someterlas a sextorsión a través de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales.
Almonte utilizaba su imagen para inducir a las víctimas a compartir fotos y vídeos de carácter sexualmente explícito en internet. Posteriormente, Díaz y otros cómplices las extorsionaban para que enviaran dinero bajo la amenaza de divulgar las imágenes comprometedoras a sus familiares y amigos.
En algunos casos, los acusados creaban montajes fotográficos combinando las imágenes sexualmente explícitas de las víctimas con imágenes de menores, dando la falsa impresión de que mantenían relaciones sexuales con menores.
Según la Fiscalía, en múltiples ocasiones las víctimas pagaron las cantidades exigidas y vaciaron sus cuentas bancarias, y aun así los acusados cumplieron sus amenazas y difundieron las imágenes entre su red de contactos.
INVESTIGACIÓN DEL FBI
Por su parte, Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, remarcó que «en el entorno digital actual, en constante cambio, los delincuentes desarrollarán formas creativas de seleccionar a sus víctimas y aprovecharse de ellas».
Los acusados comparecieron por primera vez ante el tribunal el 1 de octubre de 2026, ante el juez magistrado federal Marcos E. López, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión.