Gobernadora de PR afirma que las leyes de inmigración son «obligatorias»
SAN JUAN.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, defendió este viernes que las normas de inmigración a nivel federal son «obligatorias», tras recibir críticas por haber compartido información sobre inmigrantes que poseen licencia de conducir con las autoridades estadounidenses.
«No podemos decidir qué leyes respetamos y cuáles no; las leyes de inmigración federal son de cumplimiento obligatorio y se aplican a Puerto Rico con la misma intensidad que las normativas de seguridad social, Medicaid y las que resguardan nuestros derechos civiles», manifestó González en un comunicado escrito.
«Puerto Rico está cumpliendo con lo que la ley federal exige de manera estricta, ni más ni menos», añadió la gobernadora en un mensaje en sus redes sociales.
DATOS FUE PROPORCIONADA EL 29 DE ENERO
González explicó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) proporcionó la información el 29 de enero a petición de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), quien hizo la solicitud con fecha del 26 de enero.
«Lo que hizo la agencia fue cumplir con la orden legal», enfatizó la gobernadora, quien reconoció, sin embargo, las «importantes contribuciones» que los inmigrantes hacen a la economía de la isla.
La polémica surgió luego de que el miércoles, el subdirector de HSI, Yariel Ramos, afirmara que el Gobierno de González entregó a la agencia federal un listado de alrededor de 6,000 migrantes con licencia de conducir que no tienen un estatus migratorio claro.
Los datos suministrados por el DTOP provienen de la implementación de la Ley 97-2013, que fue aprobada para permitir a los residentes de Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio, obtener una licencia de conducir provisional, reconociendo así la aportación a la vida económica y social de las comunidades migrantes.
PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD
El mismo estatuto garantiza la confidencialidad de la identidad de quienes obtienen dicho documento, generando la expectación de que no se compartirían los datos con las autoridades migratorias de EE. UU.
El exgobernador popular Alejandro García Padilla criticó que se debe ser «una persona verdaderamente malvada y terriblemente insensible para haberle entregado esa lista a quienes irán a buscarlos a sus domicilios para deportarlos».
Asimismo, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes y en el Senado han presentado una propuesta legislativa solicitando que se lleve a cabo una investigación respecto al proceso que siguió el DTOP para revelar esta información.
La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, denunció que «el Gobierno de Puerto Rico, en vez de hacer frente a los abusos de las políticas de Trump, se ha rendido sin resistencia, creyendo tal vez que con esta demostración de lealtad ciega, recibirán el favor de EE. UU. ».
Las operaciones de registro dirigidas a la población inmigrante en Puerto Rico, principalmente de origen dominicano, iniciaron en el mes de enero anterior, lo que ha impulsado a numerosos migrantes a refugiarse en sus casas y evitar salir para trabajar. EFE